TEPJF fija criterios para garantizar derechos y certeza jurídica en contextos electorales complejos
*En sesión pública del 28 de enero de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resoluciones sobre caducidad en procedimientos sancionadores, financiamiento para nuevos partidos y los alcances de medidas cautelares penales cuando afectan cargos de elección popular
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) celebró este miércoles 28 de enero de 2026 una sesión pública en la que emitió resoluciones orientadas a garantizar derechos fundamentales, brindar certeza jurídica y fortalecer la eficacia institucional frente a escenarios electorales cada vez más complejos.
Durante la sesión, el órgano jurisdiccional abordó un Procedimiento Especial Sancionador en el que analizó la figura de la caducidad no como una regla automática, sino atendiendo a circunstancias excepcionales, entre ellas las cargas extraordinarias de trabajo generadas por procesos electorales inéditos. Al respecto, se subrayó que si bien la justicia exige plazos razonables, también demanda investigaciones exhaustivas y resoluciones debidamente fundadas, a fin de evitar la impunidad frente a posibles vulneraciones de principios constitucionales.
Asimismo, la Sala Superior revisó los criterios aplicables al financiamiento en la conformación de nuevos partidos políticos, estableciendo una distinción entre actividades empresariales y actividades profesionales. Con ello, el Tribunal buscó proteger el derecho de asociación política, sin menoscabo de los principios de transparencia y fiscalización que rigen el sistema electoral.
En otro punto relevante, las y los magistrados analizaron los alcances de las medidas cautelares dictadas en materia penal cuando estas inciden en el ejercicio de cargos de elección popular. En este contexto, el Tribunal reafirmó que la justicia electoral no tiene competencia para revisar decisiones penales, pero sí la obligación de tutelar el derecho al voto y la voluntad ciudadana cuando los actos de ejecución producen efectos desproporcionados en el ámbito democrático.
Al concluir la sesión, el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto de Guzmán Bátiz García, destacó que la deliberación jurídica implica una ponderación responsable de derechos, contextos y principios, siempre con pleno respeto al Estado constitucional de derecho.
