* Desde el penal del Altiplano, Manuel Roberto Farías pidió la intervención del Ejecutivo federal al señalar irregularidades en el proceso judicial que enfrenta
El vicealmirante Manuel Roberto Farías, recluido desde septiembre de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que solicitó la revisión de su proceso judicial, al considerar que enfrenta una investigación con irregularidades y señalamientos que, afirma, buscan responsabilizarlo de delitos que niega haber cometido.
Farías se encuentra vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, en un caso conocido como huachicol fiscal. En la misiva, el vicealmirante sostuvo que su permanencia en prisión preventiva responde a un procedimiento “viciado” y carente de garantías para ejercer una defensa adecuada.
El imputado, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, señaló que la carpeta de investigación abierta en su contra se originó a partir de información imprecisa y afirmó que se han utilizado elementos que, según su versión, no existen o carecen de sustento. También denunció que, pese a haber solicitado formalmente acceso a la investigación complementaria desde noviembre de 2025, la Fiscalía General de la República no le ha entregado la totalidad del expediente.
En su escrito, Farías acusó que distintas instancias, entre ellas autoridades judiciales, la FGR y la Secretaría de Marina, lo han tratado como culpable desde el inicio del proceso. Como ejemplo, mencionó su baja de la institución naval, ocurrida en diciembre de 2025, la cual calificó como irregular y que actualmente impugna por la vía legal.
El vicealmirante relató que fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones de la Décima Región Naval, en Salina Cruz, Oaxaca, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Desde entonces, permanece bajo prisión preventiva oficiosa, medida que fue ratificada por un juez federal al vincularlo a proceso junto con otros implicados.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre una presunta red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos mediante el uso de buques y operaciones en puertos del país entre 2020 y 2024. La Fiscalía sostiene que en esta estructura habrían participado elementos navales, funcionarios aduanales y empresarios, y que las operaciones derivaron en decomisos millonarios de combustible.
Farías también subrayó el impacto personal y familiar de su situación jurídica y reiteró su petición para que el caso sea revisado, con el argumento de que su proceso ha sido politizado y que se le ha negado información clave para demostrar su inocencia. Las autoridades federales no han informado si habrá respuesta formal a la solicitud dirigida a la presidenta.
