* Las unidades adquiridas serán devueltas o reasignadas a juzgadores con mayores riesgos, mientras el Poder Judicial ofrece ampliar la información sobre la compra
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que sus ministras y ministros acordaron no utilizar las camionetas blindadas recientemente adquiridas, luego de las críticas públicas generadas por la compra y de solicitudes de información por parte del Poder Ejecutivo federal. Las unidades serán devueltas o, en su caso, asignadas a personas juzgadoras que enfrenten mayores condiciones de riesgo.
En un posicionamiento difundido a través de redes sociales, el Máximo Tribunal señaló que se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes, conforme a la normatividad vigente, y reiteró su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos. Asimismo, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para detallar el proceso de adquisición y el destino de los vehículos.
La compra de las camionetas, nueve en total, se dio a conocer el pasado 22 de enero y formó parte de un programa de renovación del parque vehicular del Poder Judicial. De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial, el esquema cambió de arrendamiento a adquisición, lo que, según sus estimaciones, representaría un ahorro superior a mil millones de pesos en el periodo 2026-2028.
Información contenida en actas del Comité de Adquisiciones de la SCJN señala que el costo total de las unidades ascendió a más de 25 millones de pesos, con un precio promedio por vehículo superior a los dos millones de pesos, impuestos incluidos. La autorización de la compra fue solicitada por el área de seguridad institucional, bajo el argumento de que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios de protección.
La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que solicitó información sobre la adquisición a través de la Secretaría de Gobernación y señaló que el Poder Judicial debía aclarar el procedimiento. En tanto, la decisión de los ministros de no utilizar las camionetas generó posturas encontradas dentro de Morena, con expresiones tanto de respaldo como de crítica por considerar que la compra contradecía los principios de austeridad.
