* Diputados panistas solicitaron auditorías integrales y una investigación penal por presuntas irregularidades financieras y administrativas relacionadas con la obra ferroviaria
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre, accidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y decenas de lesionadas.
Los legisladores Federico Döring, Héctor Saúl Téllez y Diana Gutiérrez Valtierra acudieron a nombre del grupo parlamentario para solicitar que se investiguen posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y eventuales responsabilidades por acción u omisión que, señalaron, habrían derivado en condiciones inseguras de operación.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la FGR, los hechos deben ser investigados por posibles delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones, tráfico de influencias, homicidio culposo y lesiones culposas. En el documento se menciona al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda; a su sucesor, Raymundo Pedro Morales, exdirector del Corredor Interoceánico, así como a Gonzalo López Beltrán, en calidad de supervisores o responsables de decisiones vinculadas al proyecto.
En el ámbito administrativo y financiero, el PAN solicitó a la ASF la realización de auditorías exhaustivas sobre contratos, erogaciones, subsidios y aportaciones federales relacionadas con la obra. Según datos expuestos por la fracción, existen al menos 71.5 millones de pesos pendientes de aclarar en revisiones de la Cuenta Pública correspondientes al periodo de 2019 a 2024, principalmente en los ejercicios fiscales de 2020 y 2023.
Paralelamente, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, planteó la posibilidad de integrar una comisión legislativa de investigación, siempre que exista acuerdo entre los grupos parlamentarios. Señaló que dicha comisión tendría que ser plural, técnica e imparcial, aunque subrayó que las responsabilidades penales corresponden a las autoridades competentes.
López Rabadán sostuvo que la investigación debe realizarse sin excepciones y abarcar toda la cadena de decisiones, contratos y supervisión del tramo donde ocurrió el accidente. Asimismo, afirmó que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la reparación integral del daño y a garantías de no repetición, lo que implica atención médica, psicológica, legal y económica por parte del Estado.
