* Las víctimas del descarrilamiento ocurrido en Oaxaca anunciaron que acudirán a la FGR, mientras se revisan contratos y trabajos realizados en la Línea Z antes del siniestro
A una semana del descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z del Corredor del Istmo de Tehuantepec, la investigación federal avanza entre la revisión de trabajos de mantenimiento realizados meses antes del accidente y el anuncio de una denuncia penal por parte de las víctimas.
Información contenida en contratos públicos señala que las vías donde ocurrió el siniestro recibieron mantenimiento de rutina hasta mediados de diciembre de 2025, semanas antes del descarrilamiento registrado el 28 de diciembre entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en Oaxaca. En ese punto, un tren de pasajeros con alrededor de 250 personas a bordo se salió de las vías en una curva pronunciada.
Los trabajos incluyeron inspecciones, limpieza de la vía, suministro de balasto y acciones preventivas y correctivas en la infraestructura ferroviaria, de acuerdo con documentos consultados en la plataforma Compras MX. Estas labores fueron contratadas por la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y ejecutadas por una compañía privada, con una inversión superior a los 69 millones de pesos.
Además del mantenimiento rutinario, durante 2025 se realizaron diversas obras en el mismo tramo, entre ellas la estabilización de taludes, construcción de muros de contención y trabajos de emergencia para evitar deslaves. Algunos de estos contratos fueron asignados mediante adjudicación directa y contemplaron también servicios de supervisión externa.
El accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Tras el percance, la Fiscalía General de la República aseguró la caja negra del tren e inició una investigación para determinar las causas del descarrilamiento, con apoyo de especialistas técnicos.
En este contexto, las víctimas directas y sus familiares anunciaron que presentarán una denuncia penal ante la FGR el lunes 5 de enero. La acción legal estará dirigida contra constructoras, empresas supervisoras y servidores públicos, a quienes señalan por presuntas fallas en la construcción, mantenimiento y operación del proyecto ferroviario.
Las investigaciones continúan abiertas y, de acuerdo con autoridades federales, será a partir de los dictámenes técnicos cuando se determinen posibles responsabilidades. Mientras tanto, las víctimas han reiterado su exigencia de justicia y reparación del daño por uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados recientemente en el país.
