* Los municipios más afectados se localizan en los Altos de Chiapas, la Selva Lacandona y la región Fronteriza.
Redacción / Alfaro Noticias
Desde 2010, Chiapas ha registrado al menos 41 episodios de desplazamiento forzado interno, de acuerdo con datos recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Las causas son diversas: conflictos armados, agresiones por motivos políticos y religiosos, despojo territorial y la violencia generalizada que se ha intensificado en municipios con presencia de grupos armados y crimen organizado.
Tan solo entre 2016 y 2023, se documentaron más de 14 mil personas desplazadas, lo que representa un promedio mensual de casi 200 personas forzadas a abandonar sus comunidades. En su mayoría, se trata de población indígena tzotzil, tseltal, tojolabal, chol y mestiza, afectada por la omisión del Estado y la falta de condiciones seguras para el retorno.
Los municipios más afectados se localizan en los Altos de Chiapas, la Selva Lacandona y la región Fronteriza: Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, Pantelhó, Tila, Chilón, Marqués de Comillas, Ocosingo, Frontera Comalapa, Chicomuselo y Benemérito de las Américas, entre otros. En estas zonas, el Frayba ha identificado la consolidación de redes de macrocriminalidad vinculadas a la disputa por territorios, rutas de tráfico y control político.
La organización denunció que muchas comunidades desplazadas llevan años sin poder regresar. En algunos casos, como en Chenalhó o Aldama, las agresiones armadas y amenazas persisten. En otros, como en Tila, se han destruido viviendas y se han ocupado ilegalmente tierras comunales, con complicidad de autoridades locales y estatales.
A pesar de los pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales, las víctimas no han recibido reparación integral ni garantías efectivas de no repetición. Según el Frayba, el gobierno estatal ha incumplido su responsabilidad de atender las causas estructurales del desplazamiento, limitándose a ofrecer ayuda humanitaria insuficiente y temporal.
