* Dependencias como Birmex, el IMSS y Fonatur destacan entre los organismos con mayores montos pendientes de aclarar.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades por 53 mil 741 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023, de los cuales solo se han recuperado mil 762 millones, dejando un posible daño al erario de 51 mil 979 millones de pesos. Los gobiernos estatales y municipales concentran la mayor parte de los recursos sin justificar, con 40 mil 801 millones de pesos, seguidos por el sector de desarrollo económico con 7 mil 215 millones y el de desarrollo social con 3 mil 802 millones.
En la tercera entrega del informe de fiscalización, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, informó que se realizaron mil 623 auditorías, detectando irregularidades por más de 43 mil 206 millones de pesos. Además, se llevaron a cabo 139 auditorías de cumplimiento financiero, que revelaron montos por aclarar por 8 mil 599 millones de pesos, principalmente en organismos como Birmex, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El informe también señala que 30 de los 32 estados presentan montos sin aclarar por 22 mil 700 millones de pesos, lo que sugiere un posible daño patrimonial. Además, se realizaron 29 auditorías forenses a entidades como Diconsa, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros.
Colmenares Páramo destacó que más del 80 por ciento de los recursos pendientes de aclarar corresponden a entidades del sector público federal, mientras que el 16 por ciento está relacionado con empresas productivas del Estado y solo el 4 por ciento con secretarías del gobierno federal. También subrayó que, durante su gestión, la ASF ha logrado recuperar 27 mil 231 millones de pesos y confía en que esta cifra seguirá en aumento.
Durante la presentación del informe ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior enfatizó la magnitud del trabajo de fiscalización, al supervisar gran parte de los 8 billones de pesos ejercidos en 2023. Asimismo, advirtió que las observaciones detectadas podrían derivar en procedimientos administrativos y sanciones para los responsables de las irregularidades.
Finalmente, la ASF reiteró su compromiso de continuar con la supervisión del uso de los recursos públicos y de impulsar acciones para que las dependencias señaladas aclaren las irregularidades. En caso de confirmarse un daño patrimonial, se aplicarán las sanciones correspondientes para garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
