No hay datos ni intervención del gobierno en el conflicto entre Aldama y Chenalhó después de la firma de paz
Carlos Álvarez
De acuerdo a medios locales, el 27 de julio falleció Filiberto Pérez Pérez, habitante de Tabak, comunidad ubicada en el municipio de Aldama, a causa de un tiroteo en el velorio de su abuela. Siete días antes el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informaba al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre “actos de imposible reparación” al elaborar una serie de recomendaciones.
El 4 de junio se firmó un acuerdo de no agresión entre habitantes de Aldama y de Santa Martha, Chenalhó en el Palacio de Gobierno de Chiapas; el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas fungieron como testigos de honor.
Posterior al pacto de no agresión habitantes de la comunidad de Aldama han informado de tiroteos en las comunidades, además, los únicos registros que se tienen no corresponden a cifras oficiales, sino a conteos extraoficiales; hasta mayo de 2019 Animal Político detalló los asesinatos de acuerdo a los reportes que han recibido de los pobladores de las comunidades en conflicto, esto es un saldo de 5 personas, contemplando la de Filiberto Pérez Pérez, y 12 heridos, desde finales de 2017.
No existe intervención oficial de las autoridades después de la firma de paz
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) recibió la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las víctimas del desplazamiento forzado en las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, con fecha del 28 de diciembre de 2018.
El INPI, a través de la Coordinación General de Derechos Indígenas, aceptó la petición el 11 de enero de 2019. Posteriormente el 6 de febrero de 2019, el Instituto mediante oficio número CGAJ/2019/OF/0088, manifestó las agestiones tendientes al cumplimiento de la recomendación, informando la disposición del INPI mediante oficios dirigidos al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas con el oficio numero DG/2019/OF/030, a la Presidenta Municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, mediante el oficio numero DG/2019/OF/31, y al Presidente Municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, mediante oficio numero DG/2019/OF/032.
Sin embargo, ninguno de los tres funcionarios públicos ha informado de algún programa de intervención, o de colaboración para la resolución posterior a la firma de paz. Frayba ha manifestado su preocupación por el riesgo, para lo que solicita al gobierno, a través una “acción urgente”: la desarticulación de los grupos paramilitares de Santa Martha, Manuel Utrilla y Chenalhó, responsables de los desplazamientos forzados; la investigación de funcionarios cómplices en la violencia generalizada en la región; la intervención en la privación arbitraria de Filiberto Pérez Pérez.
