Héctor Estrada
En el seno de la mismísima delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chiapas, el tema sobre la falta de obra pública y los diezmos para adjudicación de proyectos de infraestructura gubernamental salió nuevamente a la palestra pública con la denuncia de hecha por uno de los constructores chiapanecos presentes en la reunión.
Esta vez el señalamiento inquisidor cayó directamente sobre la figura del director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), Eduardo Francisco Zenteno Nuñez, quien fue acusado de solicitar diezmos del 14 por ciento para facilitar la adjudicación de obra pública. Una acusación seria dentro de un evento oficial que se esparció como pólvora mediante las redes sociales.
Indudablemente no se trata de un tema nuevo dentro de la obra pública local. Desde el inicio de la actual administración estatal los problemas entre la industria de la construcción chiapaneca y el gobierno estatal comenzaron a complicarse. Los compromisos del gobierno verde con empresarios foráneos y los negocios internos terminaron por desplazar casi de manera generalizada a las empresas constructoras locales.
Basta con recordar el bochornoso momento vivido en marzo de 2015 cuando el ex presidente y miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Luis Zárate denunció la existencia de un presunto desvío de recursos en obra pública realizado durante la pasada administración estatal y millonarios adeudos vigentes del Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Chiapas con constructoras privadas.
Las deudas reportadas datan de 2011 y con el paso de los años se han acrecentado de manera crítica, afectando gravemente la liquidez de muchas pequeñas y medianas empresas agremiadas a la CMIC. De esta forma, junto a estados como Veracruz, Coahuila y Guerrero, Chiapas es una de las entidades con mayores problemas financieros por falta de pagos millonarios a empresas constructoras que hasta 2015 rondaban entre dos mil y tres mil millones de pesos acumulados.
Es un asunto de corrupción y tráfico de influencias que se consolidó como un asunto de carácter nacional durante el actual sexenio federal. Como muestra de ello, durante el 2014 las grandes constructoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores sumaron cuentas por cobrar más de 43 mil 390 millones de pesos; 87 por ciento más que en el mismo periodo del sexenio pasado. Contemplando la quiebra de miles de pequeñas empresas para las que de plano no hubo obra.
Sin embargo, el silencio y la complicidad en entidades como Chiapas ha sido más que evidente. Ninguno de los ex funcionarios involucrados directamente en las deudas y los desfalcos del pasado ha sido sometidos a investigación. Personajes como el ex secretario de Hacienda, Carlos Jair Jiménez Bolaños, y el ex secretario de Infraestructura estatal, Alfonso Fong Dubón, han gozado de la mayor de las impunidades para ser llamados a rendir cuentas y explicar dónde quedaron los recursos.
Hoy los señalamientos han caído sobre el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y el llamado a proceder por las vías legales ha sido contundente. Pero el problema es un asunto más profundo de lo que parece. Tiene que ver con viejas prácticas de la corrupción institucional mexicana que deben comenzar a cortarse de raíz.
Por eso es importante que las denuncias trasciendan más allá. Que las autoridades fiscalizadoras tomen con seriedad las denuncias públicas y se proceda con una investigación ejemplar en todas las dependencias relacionadas con la adjudicación y ejecución de la obra pública. Se requieren de más constructores valientes y honorables que rompan de una vez por todas con la lastimosa práctica de entregar diezmos porcentuales para poder trabajar… así las cosas.
