Por Tere López Zamudio
A pesar de que los ciberdelitos causaron pérdidas económicas por 3 mil millones de dólares en México tan sólo durante 2016, el millonario negocio es poco revisado en los congresos mexicanos y parece un tema olvidado por las instituciones públicas.
A decir del diputado local Víctor Hugo Romo, en el gobierno de la Ciudad de México no existe una dependencia responsable de garantizar que se proteja la información pública y vigilar que desaparezca de las computadoras de gobierno una vez declaradas obsoletas.
Mientras en el Senado de la República apenas a mediados de año, el senador Jesús Casillas emitió un punto de acuerdo para emprender una campaña contra los ciberdelitos y alertar a padres de familia y profesores de los riesgos que representan para la niñez; porque de 2010 a marzo de 2017 la Unidad Especializada para la Atención a Delitos Cibernéticos de la Policía Federal tenía registrados 7 mil 800 solicitudes ministeriales, 46 mil reportes ciudadanos y más de 165 mil incidentes por inseguridad informática.
Y es que la vulnerabilidad de las instituciones a los ataques informáticos es tan actual que recientemente fue hackeada la cuenta de correo del Partido Acción Nacional para acusar a su dirigente Ricardo Anaya de anteponer sus intereses personales a los de la agrupación política.
Al incendiario twittazo siguió el correspondiente twitter de desmentido, negando que el mensaje hubiera sido lanzado por el partido como una acusación contra @RicardoAnayaC, por el contrario, responsabilizaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la intervención en sus cuentas.
En esta era digital, de teléfonos inteligentes y de tecnología sofisticada al alcance de la mano, cualquiera puede convertirse en víctima de estos delitos cibernéticos, basta recordar los recientes hackeos a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a la Secretaría de Salud federal, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a Instagram, Banamex y políticos como Gerardo Fernández Noroña o el propio PRI, sin mencionar el sonado caso del sistema Pegasus que usó el gobierno para espiar a periodistas y activistas sociales.
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