Héctor Estrada
La eliminación del millonario financiamiento público a los partidos políticos en México es un tema que ha cobrado fuerza durante los últimos meses. En Chiapas, la iniciativa ha comenzado a ser promovida por Movimiento Ciudadano que ahora, como organización política sin presencia en el Congreso de Chiapas, requerirá de mecanismos de gestión y presión para impulsar dicha propuesta ante un reacio legislativo estatal que simplemente se ha negado a abordar temas de notoria controversia pública.
El desproporcionado financiamiento público a los partidos políticos en México es un asunto que ya ha causado antes muchos escozores entre los diversos sectores sociales del país. Y no es para menos. Tan sólo en 2017 dichos organismos costarán a México un total de cuatro mil 138 millones de pesos. Un prepuesto similar al que reciben entidades como Chiapas para el funcionamiento de sus sistemas de salud pública.
En Chiapas la situación no es muy distinta. El presupuesto anual aquí es de 156 millones 473 mil 299 pesos a los siete partidos con registro vigente en la entidad. 47 millones 285 mil pesos son para el partido del gobernador chiapaneco, el Verde Ecologista; y 30 millones 848 mil pesos más para su aliado el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A los “minipartidos gubernamentales” también les cayó una buena bolsa de dinero durante la asignación presupuestaria. De esta manera, el partido de la mamá del mandatario chiapaneco (Mover a Chiapas) cuenta hoy con una bolsa de 16 millones 695 mil pesos. Adicionales a los más de 200 millones disponibles mediante Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH).
El partido Chiapas Unido (también bajo control gubernamental) tiene un presupuesto de 16 millones 695 mil pesos, más que lo otorgado a los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional que obtuvieron fondos de 13 millones 709 mil pesos y 13 millones 645 mil pesos, respectivamente. Ambos fueron los menos beneficiados por el reparto de recursos para los partidos políticos.
Morena es el tercer partido con más recursos asignados, aunque todavía muy lejos de los partidos en el poder (el PRI y el PVEM). Se le asignaron 17 millones 491 mil pesos. Sin embargo, aun juntando el presupuesto de Morena, Chiapas Unido, PAN y PRD el monto otorgado al PRI-PVEM sigue siendo mayor, por varios millones de pesos. Se trata, sin duda, de un excesivo despilfarro inequitativo de recursos públicos.
Para la eliminación del financiamiento a los partidos políticos se requieren de reformas específicas al Artículo 116 de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos y al Artículo 14, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Modificaciones de fondo que excluyan la responsabilidad de la Federación y el estado de Chiapas para costear las actividades de los partidos fuera de años electorales o de manera definitiva.
Hay quienes han advertido los riesgo que implicaría obligar a los partidos a recurrir a financiamientos privados, de benefactores empresariales, militantes o, incluso, de negocios turbios (moches, delincuencia organizada, lavado de dinero o corrupción) para mantener sus actividades; Sin embargo, el argumento resulta insostenible si tomamos en cuenta que se trata de prácticas que actualmente suceden con todo y el otorgamiento de recursos públicos o las prohibiciones en la materia. No podría responsabilizarse a la falta de financiamiento estatal de la corrupción al interior de dichos organismos.
El financiamiento de partidos o candidaturas con recursos privados lícitos es una modalidad ya utilizada y comprobada en otros países, donde los organismos políticos que reciben recursos también son sometidos a auditorías para comprobar el origen de los recursos. La idea no suena descabellada y se vislumbra como una propuesta seria para ser analizada por los poderes legislativos en México.
En Chiapas y en todo el país no se puede seguir financiando a partidos políticos sin representatividad; agrupaciones que viven del erario público, sin conseguir el respaldo mayoritario en las urnas; y que sólo funcionan como fuentes de enriquecimiento para intereses personales o de grupo, muy lejos de su vocación como entes de representación popular y gestores de la supuesta democracia participativa, tan desgastada en México… así las cosas.
