* Más de un centenar de personas abandonaron sus comunidades ante el recrudecimiento de la violencia
Redacción / Alfaro Noticias
Más de cien habitantes del municipio de Pantelhó abandonaron sus hogares en los últimos días debido a la situación de violencia que persiste en la región de los Altos de Chiapas, de acuerdo con reportes de organizaciones civiles y testimonios recabados por defensores de derechos humanos.
Entre las personas desplazadas se encuentran niñas, niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, quienes buscaron refugio en municipios como Sitalá, Chilón y San Cristóbal de Las Casas, ante el temor generado por la presencia y actividad de grupos armados que operan en la zona.
De acuerdo con los testimonios difundidos por organizaciones acompañantes, varias familias salieron de sus comunidades durante la madrugada y recorrieron largas distancias para resguardarse. Actualmente permanecen en viviendas particulares y espacios habilitados por habitantes de los municipios receptores.
Ante esta situación, colectivos y organizaciones de la sociedad civil solicitaron la activación de medidas de atención humanitaria para garantizar alimentos, atención médica, medicamentos y acompañamiento psicológico a las personas desplazadas, particularmente a menores de edad y adultos mayores.
La tensión en el municipio también se reflejó en una manifestación realizada por habitantes de la cabecera municipal, quienes se acercaron a elementos de seguridad estatal que efectuaban recorridos de vigilancia para exigir acciones contra los grupos delictivos que, aseguran, operan en la región.
Durante el encuentro, los pobladores solicitaron además apoyo para la localización de un trabajador reportado como desaparecido desde el pasado 15 de junio. Según los reportes difundidos por los propios habitantes, los mandos de seguridad se comprometieron a canalizar las peticiones ante las autoridades ministeriales y las instancias de búsqueda correspondientes.
En redes sociales también circularon reportes sobre presuntas agresiones contra elementos de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional, así como publicaciones que denunciaban supuestas detenciones arbitrarias de pobladores. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales no habían emitido información oficial que confirmara esos señalamientos.
Asimismo, publicaciones difundidas por habitantes de la región atribuyen parte de la conflictividad a disputas locales y cuestionan la actuación de autoridades municipales y ministeriales. Sin embargo, dichas acusaciones no han sido corroboradas por instancias oficiales.