Edgar Hernández Ramírez
En Chiapas, los feminicidios ya no pueden seguir leyéndose como tragedias aisladas que irrumpen de pronto en la nota roja. Son, más bien, estaciones de una ruta largamente anunciada. Los dos casos ocurridos en los últimos días –uno en Zinacantán y otro en Tonalá– no sólo vuelven a colocar el dolor en el centro de la conversación pública; exhiben también el agotamiento de una política institucional que parece haber confundido la existencia de una Alerta de Violencia de Género con la existencia de una protección real para las mujeres.
La cifra duele porque habla por sí sola: 20 feminicidios en lo que va del año, cinco en promedio mensual. Una estadística que ya supera la registrada en 2025 y que obliga a mirar el fenómeno más allá del boletín, la condena oficial y el expediente judicial. Cuando los asesinatos aumentan en un territorio donde desde 2016 existe una alerta de género, el problema ya no es solamente la violencia criminal o patriarcal, el problema es también la incapacidad del Estado para convertir sus instrumentos en resultados.
La paradoja es brutal: los últimos dos feminicidios ocurrieron en municipios marcados por la Alerta o por los focos de atención. Tonalá forma parte de los municipios con declaratoria desde 2016. Zinacantán aparece dentro de esa región de Los Altos donde desde hace años se han encendido focos amarillos por violencia contra mujeres y niñas. Es decir, no hablamos de territorios invisibles para las autoridades. Hablamos de zonas ya diagnosticadas, ya señaladas, ya nombradas por el propio aparato institucional como espacios de riesgo.
Y ahí está la primera derrota: saber no ha significado prevenir.
La Alerta de Violencia de Género nació como un mecanismo extraordinario para obligar a las autoridades a actuar con urgencia frente a un patrón grave de violencia feminicida. En teoría, debía activar coordinación, presupuesto, prevención, atención, refugios, capacitación, búsqueda inmediata, investigación con perspectiva de género y protección efectiva. En la práctica, demasiadas veces se ha convertido en una arquitectura de papel: mesas, informes, campañas, talleres, fotografías, protocolos y discursos que no siempre logran tocar el territorio donde las mujeres viven, caminan, trabajan, migran, denuncian o intentan sobrevivir.
Chiapas es un territorio particularmente complejo para enfrentar el feminicidio. No basta con decir que hay machismo, aunque el machismo sea la gramática profunda del crimen. Aquí la violencia contra las mujeres se cruza con pobreza histórica, racismo, dispersión rural, desigualdad económica, barreras lingüísticas, frontera migratoria, control comunitario, crimen organizado, impunidad y una debilidad institucional que en muchas regiones llega tarde o no llega.
Una mujer violentada en Chiapas puede enfrentar no sólo al agresor, puede enfrentar también la distancia hasta el Ministerio Público, la falta de dinero para trasladarse, el miedo a denunciar, la presión familiar para “arreglar” el problema en casa, la vergüenza comunitaria, la ausencia de traductores, el abandono policial, la dependencia económica, la desconfianza en las autoridades o la presencia de grupos criminales que imponen silencio. En ese mapa, la denuncia no siempre es una puerta de salida. A veces parece otra forma de riesgo.
Por eso el feminicidio en Chiapas tiene una peculiaridad dolorosa: no ocurre en el vacío, sino sobre un suelo lleno de advertencias previas. Antes del asesinato suele haber amenazas, golpes, persecución, violencia sexual, control económico, aislamiento, desaparición, intentos de separación o denuncias ignoradas. Antes del cadáver hubo señales. Y muchas veces esas señales fueron vistas, escuchadas, comentadas o incluso denunciadas. La muerte llega después de una cadena de omisiones.
La pregunta incómoda pero necesaria es ésta: ¿qué está haciendo la alerta si los municipios alertados siguen produciendo víctimas? No basta responder que existen programas, campañas o capacitaciones. Una política pública de prevención no se mide por cuántos talleres organizó, sino por cuántas mujeres logró proteger antes de que fueran asesinadas.
El caso de Tonalá golpea precisamente por eso. No es un municipio ajeno a la alerta, está en el mapa institucional desde hace casi una década. Si aun así una mujer es asesinada, la pregunta no puede limitarse a quién la mató. También debe preguntarse qué red de prevención falló, qué autoridad municipal no detectó riesgo, qué institución no acompañó, qué sistema de protección no llegó, qué protocolo quedó en letra muerta.
Zinacantán –más allá de que esta vez la víctima fue una extranjera– abre otra dimensión: la de Los Altos, la de las comunidades indígenas, la de los territorios donde la justicia estatal suele llegar con torpeza, lentitud o mirada colonial. En esos espacios, el reto no es imponer una política pública desde el escritorio, sino construir una protección real con enfoque intercultural, con presencia territorial, con traductoras, con promotoras comunitarias, con refugios accesibles, con autoridades locales capacitadas y con una idea básica: ninguna costumbre, ningún arreglo familiar, ninguna conciliación comunitaria puede estar por encima de la vida de una mujer.
El feminicidio también revela una batalla cultural que Chiapas no ha terminado de dar. Todavía hay entornos donde los celos se confunden con amor, el control con cuidado, la violencia con carácter, el silencio con prudencia y la denuncia con deshonra. Todavía hay quienes preguntan qué hizo la víctima, por qué salió, con quién andaba, por qué no se fue antes o por qué no pidió ayuda. Como si la carga de sobrevivir recayera siempre sobre ella y no sobre el agresor, la comunidad y el Estado.
Pero elevar las penas tampoco basta. México ya ha demostrado que la ley, por sí sola, no detiene los feminicidios cuando la impunidad permanece intacta. El castigo llega tarde si la prevención nunca llegó. Y aun el castigo falla cuando la investigación inicia mal, cuando la escena se contamina, cuando se pierde evidencia, cuando se clasifica como homicidio simple lo que debió investigarse como feminicidio, cuando se minimizan antecedentes de violencia o cuando la familia de la víctima debe empujar sola el expediente.
Chiapas necesita dejar de administrar la Alerta y empezar a territorializarla. Eso significa llevarla a los barrios, comunidades, escuelas, mercados, rutas de transporte, clínicas, fiscalías, juzgados y policías municipales. Significa construir mapas de riesgo, detectar agresores reincidentes, proteger a mujeres amenazadas, fortalecer refugios, garantizar atención psicológica y jurídica, investigar desapariciones de mujeres como posibles riesgos feminicidas, acompañar a niñas y adolescentes, y romper con la práctica de esperar a que la violencia se vuelva irreversible.
La Alerta de Género no puede ser una placa oxidada en la puerta de los municipios. Si desde 2016 Chiapas vive bajo esa declaratoria y en 2026 los feminicidios ya superan la cifra del año anterior, lo que está en crisis no es sólo la seguridad pública. Está en crisis la credibilidad de una política que prometió prevenir y sigue llegando después del asesinato.
Cada feminicidio confirma una derrota colectiva. Pero 20 en un año, con municipios alertados y focos amarillos encendidos, ya no son sólo derrotas: son un diagnóstico feroz. Chiapas tiene un problema estructural de violencia contra las mujeres y una deuda institucional que no se salda con comunicados de condena o de investigaciones iniciadas.
Cuando una mujer es asesinada en un municipio con Alerta, el mensaje es devastador: el Estado sabía que había riesgo, pero no logró impedirlo. Y esa es, quizá, la forma más dolorosa de la impunidad: no sólo la que deja sin castigo al asesino, sino la que deja sin protección a la siguiente mujer que todavía está viva.
