- La propuesta atribuida al senador Manuel Añorve, raya en el despropósito social, económico y político
Javier Figueroa
Eliminar las pensiones del IMSS y del ISSSTE, implica desmantelar uno de los pilares más básicos del Estado social en México. Estas instituciones no representan un “gasto innecesario”, sino el resultado de décadas de luchas laborales y acuerdos sociales que buscan garantizar una vejez digna. Pretender borrarlas de un plumazo equivale a ignorar por completo la historia y la función misma del sistema de seguridad social.
Más grave aún es la idea de elevar la edad de jubilación a los 75 años. En un país donde la esperanza de vida promedio apenas rebasa esa cifra en muchos casos y donde millones de personas trabajan en condiciones físicas demandantes, esta propuesta no es técnica ni responsable: es, en la práctica, una negación del derecho al retiro. Para amplios sectores de la población, significaría trabajar hasta morir o depender completamente de familiares, reproduciendo ciclos de pobreza en lugar de combatirlos.
El argumento de que esto “reduciría la pobreza” es profundamente contradictorio. Quitar pensiones no elimina la pobreza, la desplaza y la agrava. Sin ingresos en la vejez, aumentaría la desigualdad, la dependencia económica y la presión sobre sistemas familiares ya debilitados. Es una visión que reduce el problema a números fiscales, ignorando las consecuencias humanas.
Desde el punto de vista económico, tampoco se sostiene con facilidad. Debilitar el ingreso de los adultos mayores contrae el consumo interno, afecta economías locales y aumenta la presión sobre otros programas sociales. Es decir, lo que se “ahorra” por un lado probablemente se pague multiplicado en otros frentes.
Políticamente, este tipo de propuestas evidencian por qué el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL enfrenta serias dificultades para recuperar confianza. En lugar de articular una agenda que conecte con las necesidades reales de la población empleo digno, seguridad social fortalecida, crecimiento incluyente, surgen ideas que parecen castigar a quienes han contribuido toda su vida al país. Lejos de sumar, este tipo de posicionamientos resta legitimidad y profundiza la desconexión con la ciudadanía.
También hay un problema de fondo: la falta de sensibilidad social. Gobernar o aspirar a hacerlo, no es únicamente cuadrar presupuestos, sino entender las condiciones reales de la gente. Propuestas como esta transmiten la impresión de que se toman decisiones desde una burbuja, sin contacto con la vida cotidiana de millones de trabajadores.
En síntesis, no se trata solo de una mala propuesta: es un planteamiento que desconoce derechos, ignora la realidad demográfica y laboral del país, y revela una preocupante falta de visión social. Más que una solución, parece un retroceso que, de materializarse, tendría consecuencias profundamente negativas para el tejido social y la estabilidad económica de México. HASTA EL SIGUIENTE COMENTARIO.
