Rodulfo Reyes
En medio del ruido político, de la disputa entre grupos y de la percepción magnificada por las redes digitales, hay números fríos que empiezan a esbozar otra realidad en Tabasco: la confianza ciudadana en el gobierno estatal tuvo un repunte histórico.
Mire usted: la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, del INEGI, colocó al estado en el sexto lugar nacional en confianza hacia el gobierno estatal, cuando apenas en la medición de 2023 se encontraba en la posición 21.
Es un salto cuantitativo y cualitativo, pues en apenas dos años la entidad avanzó 15 posiciones en uno de los indicadores más sensibles para cualquier administración: la percepción ciudadana.
En política, la confianza es quizá el activo más difícil de lograr, y no se puede construir mediante propaganda oficial. Más bien se gana a partir de resultados concretos, y la percepción surge de la credibilidad institucional.
La encuesta del INEGI refleja precisamente ese cambio de ánimo social. Pero hay otro dato todavía más relevante para el gobierno de Javier May Rodríguez: Tabasco dejó de aparecer entre los estados con mayores niveles de corrupción percibida.
En 2023, la entidad ocupaba el tercer lugar nacional en prevalencia de actos de corrupción. En la ENCIG 2025 cayó hasta la posición 11.
Es decir, salió del top ten de los estados peor evaluados en ese rubro.
No significa, desde luego, que la corrupción haya desaparecido. Vaya, ningún gobierno puede presumir eso en México. Pero sí revela que los ciudadanos perciben una mejoría respecto a años anteriores.
La encuesta también reporta avances en satisfacción ciudadana al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios. Tabasco pasó del lugar 24 al 20 nacional.
Puede parecer un movimiento modesto, pero quien hace fila en una oficina pública sabe que la diferencia entre un trámite eficiente y uno caótico puede definir la percepción completa de un gobierno.
Hay, además, otro indicador políticamente relevante: la percepción sobre la frecuencia de corrupción mejoró al pasar Tabasco del lugar 10 al 11 nacional. De nuevo se observa una tendencia.
Y la tendencia apunta a una recuperación gradual de la confianza institucional. Todo esto ocurre mientras el grupo político adversario al gobernador insiste en instalar la narrativa de un estado sumido en el desastre y en la pérdida total de gobernabilidad.
Mas los números del INEGI muestran otra historia: más allá de la grilla y de las campañas negras, las mediciones nacionales empiezan a registrar que una parte importante de la población percibe avances.
Para Javier May, estos datos llegan en un momento crucial.
Primero, porque su administración aún enfrenta enormes desafíos en seguridad, empleo y servicios públicos. Y segundo, porque dentro de Morena continúa la disputa soterrada entre el mayismo y el grupo político ligado al senador Adán Augusto López Hernández.
En ese contexto, mejorar la percepción ciudadana se vuelve un blindaje político.
Pasar del lugar 21 al sexto en confianza ciudadana constituye un argumento político de alto calibre. Y más si partimos de que los datos duros provienen del INEGI y no de una encuesta contratada por el propio gobierno.
Sí, falta mucho por resolver en Tabasco. La inseguridad sigue siendo el principal reclamo social y la economía todavía no logra despegar al ritmo prometido por la refinería Olmeca y los otros proyectos federales.
Pero en política la percepción importa. Y hoy los datos oficiales muestran que la confianza ciudadana en el gobierno tabasqueño dejó el sótano para instalarse entre las mejores del país.
