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Por Eleazar Domínguez Torres
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 31 de Octubre de 2018 (muralchiapas.com).- “Pobladores de San José Chapayal, Año de Juárez, Palo Blanco y otras comunidades aledañas pedimos a las autoridades de justicia, derechos humanos y seguridad, reabrir los casos que actualmente se encuentran archivados en la Fiscalía del Estado y la federación para que no queden impunes, porque no es posible que Enoc Díaz Pérez siga actuando al margen de la ley”, así lo expreso Simón Gómez López representante de Chapayal.
En conferencia de prensa celebrada al poniente de la ciudad representantes ejidales explicaron que desde hace cuatro semanas un grupo de aproximadamente treinta personas mantienen un bloqueo carretero en el lugar conocido como puente “Emiliano Zapata”, que conduce a varias comunidades tanto de Pueblo Nuevo como del municipio de Rayón.
“Donde transitan a diario cientos de vehículos y que tienen que esperar de diez a doce horas parados para permitirles el paso siempre y cuando paguen una cuota que va desde los cien, doscientos o quinientos pesos dependiendo el modelo de la unidad, incluyendo las unidades particulares y de transporte que circulan a nuestras comunidades.
Nosotros sabemos que derivado de los procesos electorales del primero de julio del dos mil dieciocho, los tribunales estatales y federales agotaron sus tiempos y resolvieron aquellos casos que fueron impugnados, por lo que ya no existe ningún argumento jurídico y son muchas más las víctimas de este grupo que mantiene el bloqueo y que extorsiona a los automovilistas y pobladores que circulan en ese tramo carretero y que ya no están dispuestos a tolerar a este grupo y que algunos de ellos se encapuchan, utilizan piedras, palos, tablas con clavos y uno que otro armado para atemorizar a los que a diario tenemos que circular por ahí”.
Los quejosos consideran que frente a estos hechos de violencia que se dan en la región se hace urgente la intervención de las autoridades federales, la PGR, la PFP, así como la intervención de la Policía de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gobierno y Fiscalía General para que de manera inmediata actúen en el marco de su competencia y garanticen el libre tránsito, la paz y la tranquilidad de la región finalizan
