* El nuevo marco legal incluye una CURP biométrica obligatoria, interconexión de bases de datos, operaciones encubiertas y geolocalización en tiempo real.
Diversas reformas aprobadas recientemente en el Congreso han generado preocupación entre organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales, quienes advierten que los cambios podrían facilitar la vigilancia masiva sin controles judiciales claros. Entre las reformas se encuentran modificaciones a leyes sobre seguridad pública, telecomunicaciones, población, desaparición forzada y la creación de una nueva Ley de Inteligencia.
De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), las reformas permiten el acceso a datos personales, biométricos y de geolocalización en tiempo real por parte de autoridades civiles y militares, sin la exigencia de autorización judicial previa en todos los casos. Estas medidas, argumentan, podrían configurar un sistema de vigilancia generalizada con potenciales implicaciones para la privacidad de la población.
Uno de los puntos más controvertidos es la creación de la Plataforma Central de Inteligencia, la cual permitirá la interconexión de bases de datos gubernamentales y privadas, incluyendo registros vehiculares, bancarios, fiscales, de salud, telecomunicaciones y biométricos. Según el nuevo marco legal, esta plataforma podrá integrar información proveniente de organismos internacionales y empresas extranjeras en el contexto de investigaciones penales.
Además, la Ley General de Población ahora establece el uso obligatorio de una CURP biométrica, que incluirá huellas digitales y fotografía. Este documento será requerido para todos los trámites públicos y privados, y se vinculará a una Plataforma Única de Identidad, lo que, según especialistas, podría derivar en un seguimiento detallado de las actividades cotidianas de las personas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado las acusaciones de espionaje y defendido las reformas. En conferencia de prensa aseguró que ninguna institución del Estado tiene autorización para vigilar a personas fuera de lo que marca la Constitución, y que cualquier intervención de comunicaciones debe ser autorizada por un juez.
“No es una ‘Ley Espía’, es una Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, declaró la mandataria. Añadió que las reformas tienen el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para combatir delitos de alto impacto, como la desaparición de personas.
Sin embargo, organizaciones como R3D y académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM advierten que la concentración y el cruce de información en manos de las autoridades podría derivar en abusos, especialmente en un contexto donde la independencia judicial es motivo de debate tras la reciente elección de jueces por voto popular.
La reforma también retoma disposiciones sobre geolocalización en tiempo real, ya contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones desde 2014, pero ahora reforzadas con obligaciones para que las empresas del sector entreguen datos de ubicación de dispositivos móviles durante 12 meses, sin precisar con claridad qué autoridades pueden requerir dicha información ni si es necesario un control judicial previo.
Especialistas en seguridad como Carlos Mendoza han advertido que, sin mecanismos adicionales de supervisión y garantías judiciales, estas reformas podrían debilitar la protección de datos personales y abrir la puerta a intervenciones arbitrarias.
