* La iniciativa enviada al Congreso plantea cambios en la organización electoral, reducción de candidaturas y nuevos mecanismos de evaluación para jueces y magistrados
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la segunda etapa de la elección judicial, en medio de cuestionamientos sobre el diseño del proceso aprobado durante el sexenio anterior y las críticas surgidas tras los comicios de 2025.
La propuesta fue entregada este miércoles por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a la Comisión Permanente del Congreso. La presidenta de ese órgano legislativo, Laura Itzel Castillo, informó que el proyecto será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual votación.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que la Comisión de Puntos Constitucionales comenzará en las próximas horas la elaboración del dictamen para llevarlo al pleno la próxima semana. En el Senado, Ignacio Mier señaló que la discusión podría realizarse un día después.
La iniciativa propone que la elección judicial se realice el 1 de junio de 2028, con el argumento de atender los retos logísticos planteados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y evitar que coincida con las elecciones regionales previstas en 17 estados durante 2027, cuando también se renovarán gubernaturas, alcaldías, congresos locales y la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el proyecto, la reforma busca “mejorar los procedimientos” de selección de jueces y magistrados luego de las observaciones realizadas tras la primera elección judicial de 2025, caracterizada por una baja participación ciudadana y cuestionamientos sobre la cercanía de varios candidatos electos con el partido gobernante.
Entre los cambios planteados se encuentra la reducción del número de candidaturas por cargo, con el objetivo de simplificar las boletas electorales y facilitar el proceso de votación. También se contempla la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes públicos, encargada de verificar requisitos legales y definir mecanismos de selección.
La propuesta establece además que por cada cargo se integrará una lista de cuatro aspirantes y posteriormente se realizará un sorteo para dejar únicamente dos candidaturas finales por especialidad.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito consideró que el aplazamiento representa un reconocimiento de las fallas del modelo original y señaló que la reducción de candidaturas y simplificación de boletas no resuelve los problemas estructurales del proceso electoral judicial.
