* “Hemos venido a pedir que se aplique la ley, ya que los invasores siguen ahí como si nada”, expresaron en conferencia de prensa.
Redacción / Alfaro Noticias
Un grupo de alrededor de 60 personas, integrantes de la Asociación Civil Organización de Propietarios de San Fernando, acudió este lunes a la Fiscalía General del Estado para exigir la ejecución de un desalojo en el predio Altamira, ubicado en ese municipio chiapaneco. Denuncian que, desde hace más de dos años, sus tierras han sido ocupadas de forma ilegal sin que hasta ahora las autoridades intervengan.
La organización señaló que la ocupación afecta aproximadamente 450 hectáreas y que a pesar de contar con una carpeta de investigación activa y denuncias formales desde el inicio de la invasión, no se ha realizado ninguna acción legal para recuperar el terreno. “Hemos venido a pedir que se aplique la ley, ya que los invasores siguen ahí como si nada”, expresaron en conferencia de prensa.
Los propietarios explicaron que la invasión comenzó con un grupo de alrededor de 40 personas, entre las que identifican a un individuo de nombre Daniel Chávez como uno de los principales responsables. Desde entonces, aseguran, el grupo ha permanecido en la zona, construyendo viviendas e intentando establecerse sin el consentimiento de los dueños legítimos.
Aunque los ocupantes aseguran tener un proyecto habitacional y pecuario, los afectados afirman que se trata de un despojo que viola sus derechos patrimoniales. “Algunos de nosotros somos propietarios del predio y otros tenemos tierras colindantes. En total, son más de 60 afectados y hasta ahora ninguna autoridad ha hecho valer la ley”, denunciaron.
También aclararon que, aunque en un inicio los invasores dijeron ser parte del Movimiento Campesino Regional Independiente, aunque actualmente se presentan bajo otro nombre, lo que dificulta aún más su identificación y el proceso legal. “No sabemos bien de dónde vienen, pero no son del municipio y no tienen ningún documento que los acredite como dueños”, señalaron.
Los representantes de la asociación civil hicieron un llamado urgente al fiscal general del estado para que se ordene el desalojo y se avance con la investigación correspondiente. “Llevamos más de dos años esperando una respuesta y no vamos a desistir hasta que se respeten nuestros derechos como legítimos propietarios”, concluyeron.
