RODULFO REYES
El martes por la noche, los principales noticieros de la televisión nacional informaron que al día siguiente, el miércoles 15, se cumplirían dos años del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, originario de Culiacán, Sinaloa, corresponsal en esa entidad del diario La Jornada.
Ayer, los noticieros capitalinos de radio también recordaron la ejecución de quien era director del semanario ‘Ríodoce’, cuyo ataque se perpetró afuera del edificio de ese medio.
Este miércoles se cumplió un año de que fue ultimado el periodista Juan Carlos Huerta Gutiérrez, y –contrario al caso de Valdez– los medios locales no lo mencionaron.
La investigación del caso del colega sinaloense está casi resuelta: ya se detuvo a los autores materiales y se llegó a los intelectuales, que resultaron ser los hijos de un capo del narcotráfico.
Pero para que el crimen de Valdez no quedara impune, sus compañeros de aquella entidad realizaron marchas, la empresa para que laboraba siempre mantuvo vivo el caso y su familia empujó las puertas que tenían que tocarse.
Acaso esa diferencia (la presión en Sinaloa y el silencio en Tabasco) sea la causa por la que el expediente de quien fuera conductor de ‘Notinueve’ y director de ‘Panorama sin reservas’, se empolva en algún cajón de la principal oficina de Paseo Usumacinta.
Del caso de Huerta debe destacarse que desde un principio las autoridades de la Fiscalía en la pasada administración mostraron interés, pero mucho interés, en hacer constar que el caso no tenía relación con su oficio de periodista.
La promesa que hizo en septiembre el entonces titular de la institución, Fernando Valenzuela Pernas, de que en dos meses resolvería el caso, quedó en palabras.
Más aún, que se sepa, esa dependencia no exploró la línea de investigación relacionada con la sociedad que había formado para adquirir la concesión de una estación de radio de AM.
El nuevo gobierno está obligado a informar si el enfoque de las anteriores pesquisas no era el correcto, y si se trató de desviar la atención en torno al verdadero móvil.
En la gestión de Arturo Núñez Jiménez fueron asesinados dos comunicadores: Huerta y Moisés Dagdug, quienes –el primero durante los dos primeros años del sexenio pasado y el segundo hasta su muerte– en su momento fueron críticos implacables del ex mandatario.
Ambos casos se quedaron en la “captura” de los presuntos asesinos materiales, pero en ninguno se ahondó en la responsabilidad intelectual.
Eso es muy común en nuestro país: a Manuel Buendía Tellezgirón, el periodista más importante de México de los últimos tiempos, lo acribillaron un 30 de mayo de 1984 y solo se ha detenido al que jaló el gatillo y al que lo mandó a matar, pero nunca se llegó al verdadero autor intelectual, que para el gremio periodístico fue Manuel Bartlett, jefe de José Antonio Zorrilla, quien aún está en la cárcel por ordenar que lo acallaran.
Por cierto, el caso Buendía se resolvió por la presión de periodistas que realizaron una suerte de investigación paralela para llegar a quien era jefe de la policía política y estaba al servicio de Bartlett, actual director de la CFE.
Trabajos periodísticos de Carlos Ramírez y Raymundo Riva Palacio fueron determinantes para que el gobierno mexicano se decidiera a llegar hasta Zorrilla, quien nunca quiso declarar en contra de Bartlett.
Algunas versiones señalaban directamente al entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado en la autoría de la muerte del autor de la influyente columna ‘Red Privada’.
Los expedientes de Valdez y Buendía se agilizaron por la demanda de justicia del gremio.
A Huerta, en cambio, solo sus amigos lo recordaron ayer con un mensaje en redes sociales. Pero hasta ahí.
