Juan Carlos Cal y Mayor
Lo acontecido en San Cristóbal es consecuencia de una serie de sucesos acumulados a lo largo del tiempo por la indiferencia, la complacencia y la concupiscencia de los gobiernos en turno. La llamada Zona Norte (La Hormiga) es una especie de Bronx o Tepito. Un territorio inescrutable para las autoridades integrado por indígenas desplazados que surgieron hace más de dos décadas a consecuencia de la intolerancia religiosa y política producto del ancestral cacicazgo en el municipio de Chamula, protegido por políticos a cambio de votos.
Recuerdo que siendo diputado local por allá del 98 denuncié en varias ocasiones la negativa de las autoridades municipales para incorporar a los regidores plurinominales de oposición ante la abstinencia del gobierno para tomar cartas en el asunto. Chamula fue siempre un municipio rijoso, semillero de votos, pasarela de candidatos a los que entregan solemnemente el bastón de mando y disfrazan con sus atuendos para adornar las portadas de los diarios.
Ese férreo autoritarismo se sostiene en el monopolio de los “usos y costumbres”. Ahí solo se podía votar por el PRI (ahora es por otros), ingerir Posh (aguardiente) en cantidades tóxicas, ser católico en esa extraña forma llamada sincretismo (que tanto atrae a los turistas) o comprar Coca Cola (que se bebe en cantidades industriales), todo controlado por los caciques. La incursión de las iglesias protestantes derivó en la expulsión de miles de personas. De 1966 hasta 2007 fueron expulsados alrededor de 35,000 evangélicos. Muchos de ellos fueron desplazados a lo que ahora se conoce como la zona norte. El poblado de Nueva Betania es otro ejemplo.
En condiciones precarias se fueron apoderando de los mercados públicos además de las plazas públicas para la venta de artesanías. Sus organizaciones invadieron propiedades incluso reservas ecológicas, contaminando los ríos e inundando la ciudad de asentamientos irregulares. Del transporte pirata pasaron a ser concesionarios que hoy monopolizan toda el área de San Cristóbal y los municipios indígenas. Con violencia y bloqueos han anulado todo intento de competencia en perjuicio de la calidad de los servicios incluyendo al turismo.
También ahora se controla el huachicol que se vende incluso en la autopista Tuxtla – San Cristóbal y además por supuesto las drogas que ahora se compran en todas sus variedades como ha quedado expuesto en recientes reportajes. Un territorio sin ley que ahora está ocasionando perjuicios a la población civil ahuyentando al turismo con sus actos vandálicos y delictivos. Según el medio Infobae.com los “motonetos” o “motopandilleros” son grupos criminales de indígenas originarios de San Juan Chamula ligados a actividades delictivas como narcomenudeo y homicidios que han sembrado el terror entre los habitantes de San Cristóbal de las Casas.
Rebasados por esa realidad que se ha ido enraizando haciendo metástasis, los políticos locales han tenido que pactar con esas organizaciones. Están bajo amenaza. No tiene la autoridad capacidad de combatirlas y hacer que impere la ley. Aplicarla derivaría en un grave conflicto social que ningún gobierno quiere asumir. No hay manera de pensar con optimismo. Si a eso le sumamos la pasividad con que actúa la Guardia Nacional, el asunto está para llorar.
Siendo el turismo una actividad preponderante para el estado y particularmente para nuestra bella ciudad, resulta en una muy mala señal que la embajada norteamericana haya emitido una alerta por considerarla peligrosa para sus visitantes. Fuimos noticia nacional en los principales medios. Muchos prestadores de servicios turísticos han invertido en mejorar la calidad de los hoteles o restaurantes y esto los perjudica.
El estado debe asumir lo que Max Weber denominaba el monopolio de la violencia legítima, es decir el uso de la fuerza pública. La obligatoriedad de garantizar el orden público y la paz social. La anarquía que hoy prevalece necesita remediarse. No es un asunto sencillo. Por eso se ha convertido en una papa caliente que pasa de mano en mano, de gobierno a gobierno. La justicia social no es el problema. Es la ausencia de un estado de derecho muy difícil de aplicar.
