
- Presuntas irregularidades en documentos oficiales colocan nuevamente al municipio en el centro de las investigaciones.
César Solís
Un nuevo escándalo vuelve a colocar al municipio de Metapa de Domínguez en el centro de la polémica, luego de que el Instituto Nacional de Migración asegurara a una mujer de origen salvadoreño que presuntamente utilizaba documentos apócrifos expedidos desde la Oficialía del Registro Civil local para acreditarse como ciudadana mexicana.
El caso no solo exhibe posibles actos de corrupción dentro de la estructura municipal, sino que también revive las sospechas sobre la existencia de una presunta red dedicada a fabricar identidades mexicanas mediante documentación irregular.
La mujer fue identificada como Katherinne Sugey “N”, quien al momento de ser interceptada presentó una evidente duplicidad de identidades.
De acuerdo con la información revelada, portaba un pasaporte original expedido por la República de El Salvador el pasado 8 de enero de 2024, a nombre de Katherinne Sugey Santa Cruz Núñez, con número D6043338.
Sin embargo, también presentó un acta de nacimiento presuntamente emitida por la Oficialía del Registro Civil de Metapa el 29 de octubre de 2025, donde aparecía bajo el nombre de Katherinne Sugey Monzón Núñez, registrada en el Libro 1, Acta número 33.
Las inconsistencias detectadas en el documento encendieron las alarmas de las autoridades migratorias. El acta presentaba como número de oficialía el “0000”, un error considerado escandaloso y difícil de justificar, debido a que el número oficial correspondiente a la Oficialía del Registro Civil de Metapa es el 05501.
Además, el documento aparece firmado presuntamente por Paola de la Cruz Hernández, señalada como oficial del Registro Civil municipal, sin embargo actualmente se sabe que la oficial del dicho registro civil es otra persona de nombre Eunice “N”, quien llegó para sustituir las anomalías del pasado pero que podría nuevamente estar incurriendo en alguna situación similar.
Ante la gravedad del caso, el Instituto Nacional de Migración inició las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar si existen funcionarios municipales involucrados en la expedición irregular de documentos oficiales.
El escándalo ha provocado fuertes cuestionamientos contra el ayuntamiento metapaneco y particularmente contra la Oficialía del Registro Civil, debido a que no sería la primera vez que surgen denuncias relacionadas con presuntas anomalías en trámites de identidad y nacionalidad.
En círculos políticos y sociales de la región ya se habla abiertamente de una posible “fábrica de mexicanos”, donde extranjeros podrían obtener documentos oficiales mediante actos de corrupción y complicidad institucional.
Como si el escándalo migratorio no fuera suficiente, en redes sociales comenzaron a circular documentos filtrados que supuestamente exhiben gastos internos del ayuntamiento de Metapa.
Entre los conceptos difundidos aparece un presunto pago mensual de 20 mil pesos destinados a “servicios” relacionados con periodistas, situación que desató críticas e indignación entre usuarios de plataformas digitales, quienes cuestionan el manejo de recursos públicos mientras el municipio enfrenta señalamientos delicados de corrupción administrativa.
Aunque hasta el momento la autenticidad de dichas filtraciones no ha sido confirmada oficialmente, el daño político ya comenzó a extenderse. La combinación de documentos falsos, sospechas de tráfico de identidad y presuntos pagos irregulares profundiza la crisis de credibilidad que hoy golpea al gobierno municipal.
Las investigaciones apenas comienzan, pero el caso deja una pregunta que cada vez toma más fuerza entre la ciudadanía: ¿cuántos documentos más habrán salido desde oficinas públicas bajo la sombra de la corrupción?


