* Organizaciones y activistas denuncian la reclasificación incorrecta de delitos y la falta de voluntad política para aplicar las reformas legales recientes, lo que mantiene la impunidad en la entidad.
Redacción / Alfaro Noticias
Maricruz Velasco Nájera, presidenta de la Fundación Karla Velasco, indicó que, a pesar de las reformas legales recientes que endurecen las penas por feminicidio en Chiapas, la impunidad sigue siendo predominante en la mayoría de los casos. Desde 2016, cuando se activó la Alerta de Violencia de Género en la entidad, se han documentado más de mil 600 asesinatos violentos de mujeres, muchos de los cuales no han sido investigados con la debida perspectiva de género ni han derivado en sentencias judiciales.
Velasco Nájera señaló que uno de los principales problemas para el acceso a la justicia es la incorrecta clasificación de los delitos. En muchos casos, los feminicidios son tratados como homicidios dolosos, suicidios o accidentes, lo que dificulta aplicar una perspectiva de género durante las investigaciones. Esta situación ha provocado que diversas carpetas de investigación permanezcan sin avances y que las familias de las víctimas queden sin respuestas.
En 2024, el Congreso del Estado aprobó una reforma que eleva la pena máxima por feminicidio a cien años de prisión y establece la imprescriptibilidad del delito. Sin embargo, Velasco Nájera señaló que, sin la activación y reclasificación adecuada de las carpetas por parte de las autoridades, estas medidas legales pueden quedar sin efecto.
La activista también recordó el caso de su hija, Karla Yesenia Gómez Velasco, asesinada en 2008. Tras casi ocho años, se obtuvo una sentencia de 55 años contra el agresor, a pesar de que la pena máxima vigente entonces era menor. Señaló que durante el proceso inicial se intentó clasificar el crimen como homicidio doloso y responsabilizar a la víctima, lo que refleja las dificultades institucionales para realizar investigaciones con enfoque de género.
Diversas organizaciones han solicitado que se reabran y reclasifiquen las carpetas de investigación pendientes, para garantizar procesos judiciales imparciales y con perspectiva de género. Según Velasco Nájera, mientras persista la impunidad institucionalizada, la aplicación efectiva de las reformas legales seguirá siendo limitada.