* Integrantes del Congreso Nacional Indígena solicitaron una mesa interinstitucional para atender el conflicto en el mercado Belisario Domínguez
Redacción / Alfaro Noticias
Un grupo de 39 locatarios indígenas tseltales integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva denunció presuntos actos de despojo, amenazas, retención de personas y otras irregularidades relacionadas con la administración del Mercado Tradicional Dr. Belisario Domínguez de Ocosingo, por lo que solicitó la intervención de autoridades estatales y federales.
A través de una denuncia pública, los inconformes señalaron que son copropietarios del inmueble desde la fundación del mercado en 1985 y afirmaron que durante los últimos años han enfrentado conflictos internos que, aseguran, han derivado en la pérdida de espacios comerciales y afectaciones a su actividad económica.
Los denunciantes sostienen que algunos de sus integrantes han sido privados del uso de locales comerciales, mientras que otros enfrentan procesos legales que consideran irregulares. También señalaron que han solicitado en diversas ocasiones información relacionada con la administración de recursos y la entrega de documentos que acrediten la propiedad de los espacios que ocupan.
Entre los casos expuestos, mencionaron el presunto cierre y bloqueo de locales comerciales, así como conflictos que, aseguran, han afectado a varias familias que dependen de la actividad comercial dentro del mercado. Asimismo, afirmaron que algunas denuncias presentadas ante instancias de procuración de justicia continúan sin resolverse.
Los integrantes de la comisión responsabilizaron de estos hechos a integrantes del consejo de administración del mercado y manifestaron su inconformidad por la actuación de distintas autoridades, a quienes acusaron de omisión en la atención del conflicto. Hasta el momento, las personas señaladas en la denuncia pública no han emitido una postura sobre los señalamientos.
Como parte de sus demandas, solicitaron la restitución de los locales que consideran afectados, la entrega de documentos relacionados con la copropiedad del inmueble, el avance de las investigaciones iniciadas ante la Fiscalía General del Estado y la instalación de una mesa interinstitucional con la participación de dependencias gubernamentales, organismos de derechos humanos y autoridades judiciales.
Los locatarios señalaron que buscan una solución que permita restablecer la actividad comercial y atender las diferencias existentes al interior del mercado, al considerar que la situación ha generado afectaciones económicas y sociales para las familias involucradas.
