Rodulfo Reyes
Los acontecimientos relacionados con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, develan la causa de la protección que la presidenta Claudia SheinbaumPardo y la Fiscalía General de la República (FGR) han brindado al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por las propias autoridades morenistas como cabecilla del cártel local La Barredora, el cual funcionó como apéndice del CJNG durante el sexenio anterior.
A pesar de todas las acusaciones contra quien fuera colaborador del senador Adán Augusto López Hernández, que lo nombró titular de la SSyPC estatal en 2019, el jefe criminal nunca ha sido indiciado por la institución que hoy dirige Ernestina Godoy; tampoco lo fue cuando al frente estuvo Alejandro Gertz Manero, actual embajador de México en el Reino Unido.
El exfuncionario no enfrenta cargos por delitos del orden federal, aunque el 13 de noviembre de 2024 —cuando apenas llevaba mes y medio al frente del Ejecutivo— el gobernador Javier May Rodríguez lo denunció públicamente como cabecilla de la organización delictiva, la cual apareció en Tabasco justo en el momento en que el propio Hernán fue designado responsable de la seguridad pública.
Siendo mandatario de la tierra de AMLO, Adán López lo nombró secretario de Seguridad del primer gobierno de la 4T en Tabasco, a pesar de que ya tenía antecedentes de vinculación con el crimen organizado.
El 14 de junio de 2006, el diario nacional La Jornada publicó una nota titulada Detiene la SIEDO a un funcionario de Tabasco, en la que explicaba: “Agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detuvieron al subdirector de Readaptación Social y Protección Civil del gobierno del estado, Hernán Bermúdez Requena, confirmó la PGR. (…) El funcionario fue arrestado la noche del lunes mientras cenaba en un hotel de la capital del estado, junto con Cirilo Vázquez Lagunas, hermano del ganadero Ponciano Vázquez, ejecutado el viernes anterior en el municipio de Huimanguillo, junto con otras cuatro personas”.
En ese entonces, el mandatario de Tabasco era el priísta Manuel Andrade Díaz, quien lo mantuvo en el cargo pese a que ya existían investigaciones que lo vinculaban con el narcotráfico.
Curiosamente, el coordinador de la campaña de Andrade Díaz fue precisamente Adán López, quien años después encumbraría al llamado Comandante H.
La Barredora surgió al inicio del mandato de Adán López; y, según investigaciones, utilizó la estructura de la propia SSyPC tabasqueña para monopolizar las actividades del crimen organizado en estados como Tabasco —donde tenía su sede principal—, Veracruz, Chiapas y Campeche.
Fue Javier May Rodríguez quien, ya como gobernador, lo señaló públicamente por primera vez como el cabecilla del brazo armado de esa organización, que entonces respondía al mando del extinto Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
A pesar de que desde 2006 existían sospechas de que el cercano a Adán Augusto tenía vínculos con la delincuencia, de que a finales de 2022 el grupo Guacamayas Leaks difundió archivos hackeados a la Sedena con reportes de inteligencia militar que lo relacionaban directamente con El Mencho; y, lo más grave, la denuncia de May Rodríguez, el expolicía sigue sin ser encausado por delitos federales.
Quien sí lo tiene vinculado a proceso es la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), por delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado, extorsión agravada y desaparición forzada de personas.
La FGR que encabeza Ernestina Godoy, en cambio, no ha iniciado ninguna acción penal en su contra, aunque cuenta con las declaraciones de Tomás “N” y Ulises “N”, altos mandos de La Barredora y colaboradores directos de Bermúdez, quienes se acogieron al criterio de colaboración como testigos colaboradores para obtener beneficios en sus condenas.
Tomás “N” —quien se desempeñaba como secretario particular— y Ulises “N” —director operativo de la SSyPCdurante la gestión de Bermúdez— han revelado la estructura y funcionamiento interno de la organización, y todo ello está debidamente registrado en los expedientes de la FGR.
Hasta ahora, por el caso del exsecretario de Seguridad tabasqueña no existe ninguna imputación que alcance al senador López Hernández.
En Tabasco, igual que ha ocurrido en Sinaloa, es evidente la protección que reciben, tanto por parte de la FGR como del gobierno de Sheinbaum, el propio Adán Augustoy Rubén Rocha Moya.
