* Se han presentado al menos 75 quejas contra los resultados, mismas que deberán ser resueltas antes del 28 de agosto.
El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el cómputo de votos de la primera elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, y se alista para declarar oficialmente la validez del proceso. Este domingo, el Consejo General del INE entregará las primeras constancias de mayoría a los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que se abre una nueva fase marcada por la fiscalización, las impugnaciones y la revisión de la idoneidad de los perfiles.
Con una participación ciudadana del 13 por ciento, el INE contabilizó 458.7 millones de votos en todo el país, resultado del uso de múltiples boletas por elector. Aunque la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, celebró el cierre del conteo como un hito en la democratización del Poder Judicial, persisten cuestionamientos por la baja participación, los miles de votos nulos y la rapidez con la que se organizó la elección. La Misión Electoral de la OEA incluso recomendó no replicar este modelo en otros países por su improvisación y falta de certezas.
El proceso también ha estado marcado por señalamientos sobre irregularidades, como la distribución de guías impresas y digitales, conocidas como “acordeones”, que coincidieron en varios casos con los resultados obtenidos. Estos hechos están siendo investigados por el INE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel). Además, se han presentado al menos 75 quejas contra los resultados, mismas que deberán ser resueltas antes del 28 de agosto.
La entrega de constancias continuará durante la próxima semana para magistrados y jueces de circuito y de distrito, conforme se vayan revisando sus expedientes. Los expedientes serán turnados a la Sala Superior del Tribunal Electoral, que tendrá la última palabra sobre las impugnaciones. Solo quienes hayan obtenido constancia de mayoría y no enfrenten inhabilitaciones, podrán rendir protesta ante el Senado el próximo 1 de septiembre.
Uno de los filtros más relevantes será el cumplimiento del protocolo “8 de 8 Contra la Violencia”, que impide ocupar cargos públicos a personas con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o deudas alimentarias. También se revisarán los gastos de campaña para verificar que no haya irregularidades en el financiamiento, lo que podría modificar resultados en caso de anomalías graves.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente el proceso, asegurando que es preferible que el pueblo elija a los juzgadores en vez de dejar esa decisión al Senado. En contraste, voces de la oposición han advertido que el modelo no garantiza independencia judicial y abre la puerta a influencias políticas en el Poder Judicial.
