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Empresarios de Mazatlán son acusados de lavar dinero para Los Chapitos

Empresarios de Mazatlán son acusados de lavar dinero para Los Chapitos
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* La lista incluye a diez empresas vinculadas a José Raúl Núñez Ríos y Sheila Paola Urías Vásquez.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red empresarial asentada en Mazatlán, Sinaloa, acusada de lavar dinero para el grupo criminal conocido como Los Chapitos. La lista incluye a diez empresas vinculadas a José Raúl Núñez Ríos y Sheila Paola Urías Vásquez, un matrimonio que había ganado notoriedad local por su éxito en negocios inmobiliarios, hosteleros y de belleza.

Núñez, abogado de 44 años, fundó en 2019 la inmobiliaria Grupo 247 y otras compañías dedicadas a la compra, venta y renta de propiedades en zonas turísticas. Urías, reconocida como influencer en redes sociales, administraba un spa de lujo y una tienda de vestidos de fiesta. Juntos crearon o adquirieron al menos una docena de empresas en seis años, que según autoridades estadounidenses sirvieron como fachada para introducir dinero ilícito al sistema financiero.

Las empresas sancionadas incluyen clubs de playa, constructoras y agencias de promoción turística. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas compañías facilitaron operaciones para Víctor Manuel Barraza Pablos, jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán, y mantienen vínculos con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos del Chapo. Algunas de las empresas fueron reactivadas años después de haber sido constituidas, una práctica común en esquemas de lavado.

Expertos en prevención de lavado de dinero explican que el sector inmobiliario es uno de los más utilizados por grupos delictivos para legitimar recursos ilegales. En Mazatlán, el auge turístico ha facilitado estas operaciones. “Se celebran operaciones reales, se pagan impuestos, pero el dinero de origen ilícito entra disfrazado”, advierte el abogado Luis Pérez de Acha. En México es legal comprar propiedades con pagos en efectivo de hasta 907 mil pesos, lo que dificulta su rastreo.

Pese a la gravedad de los señalamientos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, evitó responder preguntas sobre el caso durante un evento público realizado en Mazatlán. Cuestionado por la prensa local sobre las empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el mandatario desvió el tema y finalizó su participación sin emitir comentario alguno.

Tras el anuncio del gobierno estadounidense, los bienes y cuentas del matrimonio Núñez-Urías en ese país fueron congelados. Las autoridades mexicanas, en particular la Unidad de Inteligencia Financiera, deberán analizar la información para determinar si procede iniciar investigaciones en el país.

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