* La decisión judicial desató una ola de violencia en la entidad, incluyendo enfrentamientos armados y bloqueos, lo que llevó al mandatario a pedir reformas urgentes en el Poder Judicial.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha acusado de corrupción al Poder Judicial tras la liberación de Jesús “El Chuy”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Zacapu. A pesar de ser detenido en flagrancia el 25 de febrero, en un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, un juez federal determinó no vincularlo a proceso, lo que provocó su inmediata liberación. La decisión judicial generó una serie de hechos violentos en la entidad, lo que ha intensificado las críticas al sistema judicial.
Ramírez Bedolla calificó la liberación de “El Chuy” como un claro ejemplo de corrupción dentro del sistema judicial federal. El mandatario aseguró que, a pesar de las pruebas y los enfrentamientos ocurridos durante la captura, el juez optó por no vincularlo a proceso, lo que resultó en su liberación. El gobernador subrayó que la decisión judicial es inconcebible, considerando la peligrosidad del detenido y el contexto de violencia asociado a su captura.
La situación derivó en una serie de incidentes violentos en varias zonas de Michoacán. Apenas una hora después de la liberación de “El Chuy”, se registraron enfrentamientos armados en la autopista México-Guadalajara, dejando dos guardias nacionales heridos. Además, diversos municipios, entre ellos Zamora, Ecuandureo y Pátzcuaro, fueron escenario de bloqueos carreteros y la quema de vehículos, lo que reflejó las consecuencias directas de la decisión judicial.
Carlos Torres Piña, secretario general de Gobierno de Michoacán, también criticó la actuación del juez y pidió una revisión del proceso. Explicó que la Fiscalía General de la República podría haber cometido errores en la integración de la carpeta de investigación, ya que el Ministerio Público que hizo la detención no fue el mismo que consignó al detenido. Esto, según Torres Piña, podría haber influido en la liberación de “El Chuy”, por lo que se buscará que el Consejo de la Judicatura Federal revise el caso.
El gobernador Ramírez Bedolla también aprovechó la situación para insistir en la necesidad urgente de una reforma al Poder Judicial. Afirmó que la corrupción en el sistema judicial es evidente y que es crucial fortalecer los mecanismos que garanticen la transparencia e independencia de los jueces. Además, subrayó la importancia de que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir a los jueces en las elecciones extraordinarias de junio de 2025.
Finalmente, las autoridades locales y federales enfrentan un panorama difícil, ya que la liberación de “El Chuy” pone en riesgo la seguridad de los habitantes de Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad continúa con el monitoreo de la situación y la vigilancia de los grupos criminales, mientras que las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse alerta ante cualquier brote de violencia derivado de esta liberación.
