* La presidenta informó que se revisa si hubo violaciones a la ley de seguridad nacional tras el accidente en el que murieron cuatro funcionarios
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua modificó su versión inicial sobre la muerte de dos instructores de la embajada de Estados Unidos y dos agentes estatales, al señalar que los ciudadanos estadounidenses no participaron en el operativo contra narcolaboratorios, como se había informado en un primer momento.
De acuerdo con el fiscal César Jáuregui Moreno, los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, cuando un convoy de autoridades regresaba de un despliegue en el municipio de Morelos, donde fueron localizados y destruidos laboratorios clandestinos. En ese trayecto, el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco, lo que provocó la muerte de los cuatro ocupantes.
En una primera declaración, el funcionario indicó que los dos integrantes de la embajada estadounidense formaban parte de actividades relacionadas con el operativo. Sin embargo, horas más tarde precisó que no intervinieron en dichas acciones y que se encontraban en el estado realizando labores de capacitación, alejadas del punto donde se llevó a cabo el aseguramiento.
Según la nueva versión, los instructores estadounidenses se incorporaron al convoy después de coincidir con autoridades estatales tras concluir el operativo, y fue durante el traslado cuando ocurrió el accidente.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno federal no tenía conocimiento de la posible participación de personal extranjero en este tipo de acciones y solicitó información tanto a las autoridades estatales como a la embajada de Estados Unidos.
La mandataria indicó que se analiza si la presencia de los ciudadanos estadounidenses se apegó al marco legal vigente, el cual establece que cualquier colaboración en materia de seguridad debe contar con autorización federal y seguir protocolos específicos.
En el mismo sentido, reiteró que, si bien existe cooperación entre ambos países, no están contempladas operaciones conjuntas directas sin los mecanismos institucionales correspondientes.
Las autoridades estatales sostienen que el accidente no presenta indicios de un ataque y lo atribuyen a las condiciones del terreno y del trayecto. Mientras tanto, el caso continúa bajo revisión para esclarecer las circunstancias de la participación de los funcionarios extranjeros y determinar posibles implicaciones legales.
