Héctor Estrada
Aunque la reforma constitucional federal en materia electoral se aprobó desde mayo de 2014, fue este jueves cuando la posibilidad de reelección finalmente se consumó en Chiapas mediante la reforma al Código de Elecciones y Participación Ciudadana que, con su inminente aplicación, ha quedado puesta para servir también como herramienta de negociación u operación política en manos del propio presidente del Congreso chiapaneco que la aprobó y otros actores políticos del mismo régimen vigente.
Como bien ha anticipado el interesante análisis hecho por la agencia “El Estado”, el tema de la reelección en Chiapas para ser efectiva desde el próximo proceso electoral que concluye en 2018 tiene particularidades que van más de lo jurídico. La presencia de Eduardo Ramírez Aguilar como orquestador de la reforma, presidente de la Mesa Directiva del Congreso y dirigente estatal del partido gobernante con mayor número de ayuntamientos y diputaciones (locales y federales) abren puertas a las sospechas más legítimas.
Y es que, de manera conveniente, la derogación de algunos artículos, junto a la reforma electoral de 2014, abrieron la posibilidad para que miembros de ayuntamientos y diputados locales electos después de la reforma pudieran acceder al beneficio de la reelección. Incluso aunque se tratara de las mismas legislaturas locales que finalmente aprobaron la reforma federal, pasando por alto la prohibición de la no autoaplicatividad de las leyes.
Ese es el caso de Chiapas y su legislatura actual que, pese a sus malos resultados de representatividad popular, ahora podrá relegirse hasta por tres periodos más; incluido su presidente de la Mesa Directiva, que, en el peor de los casos (de no alcanzar una candidatura al gobierno estatal), se estaría asegurado al menos un sexenio en el mismo puesto legislativo. Pero los beneficios políticos para Ramírez Aguilar y el Partido Verde Ecologista que él encabeza en Chiapas van más allá.
La reforma electoral obliga a los presidentes municipales y diputados locales, con intenciones de ser reelectos, a postularse por la misma coalición o algunos de los partidos coaligados que los postularon cuando fueron electos. Ahí está el as bajo la manga que el equipo de Eduardo Ramírez podría utilizar para facilitar el apoyo de otros actores (importantes en la operación política dentro de los municipios) en favor de su candidatura estatal.
Y no es para menos. Actualmente, el presidente del Congreso de Chiapas, como dirigente del PVEM, tiene bajo su control a un total de 12 diputaciones locales y 59 ayuntamientos gobernados por el “verde”, a los que se suman las nueve alcaldías de Mover Chiapas y 10 de Chiapas Unidos, que son también “partidos satélite” bajo control indirecto de Ramírez Aguilar. En global son 78 de los 122 municipios en la entidad chiapaneca bajo este tipo de dominio.
De esta forma, más del 60 por ciento de los presidentes municipales en Chiapas requerirán, de alguna manera, de la venia del presidente del Congreso para buscar su posible reelección. Estarán condicionados, en cierta medida, a su voluntad y/o aprobación; lo que será razón suficiente para demostrar su lealtad expresa en el apoyo a su candidatura para el gobierno de Chiapas. Ahí está justo el mayor de los beneficios políticos obtenidos mediante la reforma de reelección para las aspiraciones del presidente del Congreso en Chiapas.
La disputa directa con Roberto Albores Gleason, presidente aún del Partido Revolucionario Institucional, parece estar dejando expuestas las grietas de una muy posible fractura entre PVEM y el PRI con miras al 2018. Con el aparente control político en manos de dos frentes, la posibilidad de desencuentros, extorsiones y traiciones políticas están listas para convertirse en el tema recurrente de los meses preelectorales que se vienen encima. Finalmente, los tiempos se agotan y muchos tendrán que decidir de tajo sobre qué lado de la disputa tomará “partido”… así las cosas.
