Héctor Estrada
Más allá de los discursos electoreros y las reformas de relumbrón político, el desempeño del Congreso de Chiapas, prácticamente bajo el control totalitario del presidente de la Mesa Directiva y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo Ramírez Aguilar, ha dejado mucho que desear en torno a las múltiples violaciones u omisiones a los Derechos Humanos y la protección a la impunidad que se han vuelto una constante en el quehacer legislativo.
Como una de las muestras más importantes de la obstaculización sistemática que el Congreso de Chiapas ha tenido sobre las iniciativas externas se encuentra la propuesta para la eliminación del fuero constitucional. Se trata, sin duda, de una iniciativa coyuntural para la realidad política de la entidad chiapaneca, donde los casos de corrupción y abuso de poder se han convertido en el pan de cada día.
Pese a los acercamientos constantes de los promotores para lograr que algunos de los diputados o las bancadas den entrada a la iniciativa, las puertas se han cerrado de tajo. Las pláticas directas con el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos Penagos, se han convertido en largas y con interminables que simplemente no concretan nada.
Y es que la cerrazón de todas las bancadas y diputados de manera individual no deben representar ninguna sorpresa. La indicación hecha por Ramírez Aguilar al resto de sus compañeros ha sido clara y tajante: Por indicaciones superiores la iniciativa para la eliminación del fuero constitucional a autoridades locales (incluido el gobernador de Chiapas) simplemente no puede pasar siquiera a presentación o análisis, por lo menos mientras Manuel se encuentre en la gubernatura.
La iniciativa que ha recorrido la entidad chiapaneca, recolectando más de 30 mil firmas de apoyo, ha sido prácticamente minimizada e ignorada por la cámara legislativa que hoy controla el ex secretario general de gobierno. No ha habido fuerza civil para hacer que la propuesta sea retomada al interior Congreso chiapaneco, como resultado del inquebrantable muro impuesto por Eduardo Ramírez.
La eliminación del fuero constitucional se vislumbra hoy como una medida necesaria, sobre todo en un país como México donde los niveles de corrupción e impunidad son alarmantes y los casos se han vuelto una práctica habitual. Y en Chiapas el tema adquiere potencialidades aún mayores. Aquí las heridas de la impunidad y los excesos gubernamentales están aún más recientes y latentes que nunca.
Aquí los ejemplos de los malos gobiernos sobran e indignan a la mayoría de los chiapanecos, a quienes los excesos sexenales han dejado facturada una deuda pública de más de 40 mil millones de pesos. Aunado a los cientos de millones de pesos cuyo destino no ha podido ser aclarado por la actual administración de Manuel Velasco Coello, ya bajo la lupa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Es así como el actual presidente del Congreso estatal hoy parece asumirse como el mayor de los guardianes de la impunidad en Chiapas. De esta manera, la posibilidad de que Velasco Coello termine su gobierno con pendientes administrativos hace aún más urgente que la ciudadanía chiapaneca impulse la eliminación del fuero constitucional para abrir nuevas puertas a la rendición de cuentas y aplicación de la justicia de gobernantes y servidores públicos que podrían seguir abusando de sus cargos públicos bajo la protección cómplice que el fuero les otorga.
