Embargo anulado, demanda millonaria por “daño moral” y censura en disputa / De Primera Mano

Rodulfo Reyes

El caso del médico Carlos González Maza dio un giro relevante con la anulación del emplazamiento de embargo que había sido utilizado dentro del juicio mercantil promovido en su contra por un pagaré que asegura desconocer.

        Si bien no se trata de una resolución definitiva sobre el fondo del asunto, es una decisión que impacta uno de los elementos centrales de la controversia: la diligencia judicial atribuida al actuario Pascual Torres López, mediante la cual quedó asentado que el profesionista reconocía la existencia de la deuda.

        De acuerdo con González Maza, la nulidad fue resultado de las declaraciones de diversos testigos que comparecieron en audiencia; entre ellos un abogado que acompañó al actuario cuando acudió al consultorio del médico y que habría negado que los hechos ocurrieran en los términos consignados en el expediente.

        La relevancia del asunto no radica únicamente en el litigio mercantil. Lo que está bajo escrutinio es la actuación de un funcionario judicial señalado directamente por una de las partes de haber participado en una diligencia irregular.

        El médico ha denunciado que es víctima de un fraude mediante un pagaré elaborado con documentación que contenía su firma. Por ello llevó el caso a los medios de comunicación, al Congreso local y a diversas instancias de procuración de justicia.

        Hay además un elemento que ayuda a entender por qué este expediente ha despertado interés más allá de los tribunales: González Maza es un médico ampliamente conocido en Tabasco, con décadas de ejercicio profesional y una trayectoria consolidada.

        Entre quienes conocen su actividad resulta difícil conciliar ese perfil con la versión de que hubiera recurrido a préstamos particulares por cantidades millonarias.     

        Precisamente por ello ha sostenido que nunca suscribió el pagaré que dio origen al juicio mercantil. Su versión es que una abogada que trabajó para él tuvo acceso a documentos que contenían su firma y que un papel recortado con su rúbrica habría sido utilizado para elaborar el documento mediante el cual se le pretende cobrar una supuesta deuda. Esa es la hipótesis que ha planteado públicamente y que forma parte de los procedimientos legales actualmente en curso.

        Lo cierto es que la reciente anulación del emplazamiento fortalece la percepción de que existen aspectos del caso que merecen una revisión judicial exhaustiva.

        Sin embargo, ahora enfrenta una nueva batalla: el actuario señalado públicamente decidió demandarlo por la vía civil y reclamarle dos millones de pesos por presuntos daños profesionales, emocionales y morales.

       La reclamación económica, no obstante, no es el único aspecto que llama la atención. Según González Maza, la demanda también solicita medidas cautelares dirigidas a medios de comunicación y plataformas digitales que han difundido el caso.

        De prosperar esa pretensión, la controversia dejaría de limitarse a una disputa entre particulares para alcanzar el terreno de la libertad de informar sobre hechos relacionados con la actuación de un servidor público.

        Especialistas consideran que la combinación de una demanda millonaria y la solicitud de medidas restrictivas a la difusión pública puede interpretarse como una forma de presión. Desde esa óptica, la acción promovida contra González Maza podría buscar no solo desgastarlo económica y anímicamente, sino también desalentar que continúe la exposición pública de las presuntas irregularidades que denuncia.

        Vaya, aunque el denunciante eventualmente tenga razón, debe invertir recursos, tiempo y energía en defenderse de un segundo frente judicial.

       Por supuesto, será un juez quien determine si el funcionario sufrió los daños que reclama o si, por el contrario, las consecuencias derivan de una actuación que terminó siendo cuestionada dentro del propio procedimiento.

        Lo cierto es que la anulación del emplazamiento representa un dato difícil de ignorar. No prueba por sí misma la existencia del fraude denunciado, pero sí acredita que había elementos suficientes para revisar una diligencia clave atribuida al actuario.

        Por ahora, González Maza mantiene su versión de que jamás firmó el pagaré y de que no conoce al supuesto beneficiario del documento, el licenciado Carlos Francisco Gutiérrez Romero.

        Y Pascual Torres López mantiene la exigencia de una indemnización millonaria. La disputa, por tanto, ya no sólo gira en torno a un pagaré, sino que también enfrenta a un ciudadano que denuncia una presunta irregularidad y a un funcionario judicial que busca una reparación por haber sido señalado públicamente, al tiempo que intenta frenar la difusión de un caso que ha trascendido los tribunales para instalarse en el debate público.         La duda es cuál de las dos versiones terminará sosteniéndose cuando concluya el desfile de pruebas, si bien la nulidad del emplazamiento ya movió el marcador de este caso y no precisamente a favor del actuario.