Edgar Hernández Ramírez
En días recientes, la Universidad Anáhuac Puebla celebró el Escuchatorio “Juventudes: derecho, participación y futuro democrático”. Ahí, en su participación vía remota, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, hizo planteamientos que colocan en el centro del debate un problema estructural de la democracia mexicana: la distancia persistente entre el diseño legal de los derechos políticos y su ejercicio real por parte de la ciudadanía, especialmente entre las juventudes. No se trata de una observación menor. Es, en términos estratégicos, el reconocimiento de que una democracia puede contar con normas avanzadas, tribunales robustos y elecciones periódicas, pero aun así padecer déficit de legitimidad si las nuevas generaciones perciben que las instituciones no dialogan con su experiencia cotidiana.
Cuando Bátiz García sostiene que la justicia electoral debe ser “accesible, clara y útil”, apunta a una transformación de fondo en la cultura jurídica mexicana. Durante décadas, buena parte del lenguaje institucional ha sido técnico, distante y hermético. Las sentencias pueden ser impecables en términos formales, pero políticamente ineficaces si la ciudadanía no entiende cómo la protegen. En ese sentido, traducir la justicia no significa banalizarla, sino democratizarla. Una resolución que no se comprende difícilmente genera confianza; una institución que no se explica termina pareciendo ajena.
Otra idea central colocada –que la democracia debe pensarse con la voz de las juventudes– abre otro debate crucial. En México, las personas jóvenes suelen ser convocadas como fuerza electoral, como segmento de campaña o como dato estadístico, pero con menor frecuencia como interlocutores permanentes en la construcción institucional. Se les busca en temporada electoral, no en la deliberación pública constante. La idea del magistrado rompe parcialmente con esa lógica instrumental y sugiere una democracia más horizontal, donde los jóvenes no sólo voten, sino incidan en la toma de decisiones.
El punto cobra relevancia por el contexto generacional actual. Las juventudes mexicanas crecieron entre crisis sucesivas: inseguridad, precarización laboral, polarización digital, desconfianza en partidos y sobreexposición informativa. Para muchos jóvenes, la política institucional compite con influencers, activismos espontáneos, causas identitarias y formas horizontales de organización en redes sociales. Si los órganos del Estado no entienden ese nuevo ecosistema, corren el riesgo de hablarle a una ciudadanía que ya cambió de idioma cívico.
De ahí que la expresión “escuchar no es un gesto de buena voluntad, sino una responsabilidad institucional” tenga profundidad democrática. Escuchar ya no puede ser un acto ornamental ni una foto universitaria. Debe traducirse en mecanismos permanentes de consulta, pedagogía cívica y retroalimentación pública. Cuando una autoridad escucha sin modificar nada, realiza relaciones públicas; cuando escucha para corregir, fortalece instituciones.
El concepto de que los derechos “se viven –o no– en la realidad cotidiana” es quizás la afirmación más potente del discurso. Resume la diferencia entre ciudadanía formal y ciudadanía efectiva. Un joven tiene derecho a votar, pero quizá enfrenta apatía, desinformación o la percepción de que nada cambia. Tiene derecho a ser votado, pero carece de recursos, redes partidistas o espacios reales de ascenso. Tiene libertad de expresión, pero enfrenta campañas de odio digital. La brecha entre papel y realidad es precisamente donde se juega la calidad democrática.
El “Escuchatorio” mismo, como espacio de diálogo horizontal, también revela una lectura estratégica: las universidades son hoy laboratorios de ciudadanía. Allí convergen debate público, inconformidad social, innovación tecnológica y formación profesional. Vincular al Tribunal Electoral con espacios académicos puede ser una forma inteligente de renovar legitimidad institucional, siempre que no se quede en ceremonialismo.
Hay además una dimensión preventiva que busca evitar conflictos mayores. Cuando las juventudes se sienten excluidas de la toma de decisiones, no necesariamente abandonan la política; a veces la radicalizan, la migran a canales informales o la expresan como rechazo frontal alsistema. Incorporarlas no es sólo inclusión simbólica; es estabilidad democrática de largo plazo.
Sin embargo, el reto verdadero empieza después del discurso. Si el TEPJF quiere convertir estas ideas en política institucional, necesitará sentencias más comprensibles, comunicación pública pedagógica, apertura tecnológica, programas de formación cívica juvenil y canales reales para recoger demandas generacionales. También requerirá sensibilidad frente a nuevas agendas: medio ambiente, igualdad sustantiva, salud mental, derechos digitales y movilidad social.
En síntesis, Bátiz García planteó una tesis relevante: la democracia mexicana no se consolidará únicamente con reglas, sino con pertenencia generacional. Si las juventudes sienten que la democracia les habla, la defenderán. Si sienten que sólo las administra o las manipula, la ignorarán. Ahí se juega una parte decisiva del futuro político del país.
