
* Los manifestantes demandaron el esclarecimiento de los casos de desaparición y compensaciones por los daños sufridos.
Redacción / Alfaro Noticias
Un grupo de familias desplazadas de la comunidad Santa Marta, en el municipio de Chenalhó, marcharon este miércoles en la capital chiapaneca para exigir justicia y condiciones de seguridad para poder regresar a sus hogares. Los desplazados, entre ellos niños y ancianos, partieron del parque 5 de Mayo y se dirigieron al centro de la ciudad, donde protestaron frente a la sede del gobierno estatal. Su principal demanda es la aparición con vida de cinco integrantes de sus comunidades que fueron desaparecidos hace más de dos años, durante el desalojo forzoso de sus hogares.
Las familias desplazadas comenzaron su éxodo el 24 de julio de 2022, cuando un grupo armado los obligó a abandonar sus viviendas debido a un conflicto agrario en la región de Los Altos de Chiapas. Posteriormente, el 29 de septiembre de ese mismo año, un segundo desplazamiento forzó a otras 245 personas a huir de la comunidad. En total, cerca de 69 familias han sido afectadas por los enfrentamientos y la violencia, dejando atrás sus hogares, tierras y cultivos.
Manuel Gómez Velasco, representante de los desplazados, destacó que uno de los principales reclamos de las familias es la desaparición de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, quienes fueron privadas de su libertad en septiembre de 2022. Hasta la fecha, no se ha obtenido información sobre su paradero ni se ha establecido una Comisión de Búsqueda para investigar el caso. Los manifestantes pidieron a las autoridades que intensifiquen los esfuerzos para dar con el paradero de los desaparecidos y llevar a cabo una búsqueda efectiva.
Los desplazados también exigieron garantías de seguridad para poder regresar a sus hogares, ya que, según Gómez Velasco, los líderes de la comunidad de Santa Marta han impedido su retorno bajo condiciones violentas. Las familias afectadas denunciaron que las autoridades locales han bloqueado su acceso a la comunidad y les han impuesto restricciones, incluso en el caso de aquellos que han intentado regresar para recuperar sus pertenencias. “No podemos regresar si no hay seguridad, no podemos arriesgar nuestras vidas ni las de nuestros hijos”, expresó un manifestante.
El grupo también criticó la falta de atención por parte del gobierno estatal, al señalar que, desde su desplazamiento, no han recibido apoyo adecuado ni compensaciones por los daños materiales ocasionados por la violencia, como la destrucción de sus viviendas y vehículos. En su protesta, los desplazados pidieron que se les indemnice por los perjuicios sufridos y denunciaron el abandono en el que han quedado tras más de dos años de desplazamiento.
Finalmente, los manifestantes advirtieron que, de no recibir una respuesta inmediata y concreta, continuarán con las movilizaciones. Señalaron que están dispuestos a mantener un plantón indefinido en la capital estatal si las autoridades no toman medidas para garantizar su seguridad, la aparición de los desaparecidos y el retorno a sus hogares. La situación sigue siendo crítica para las familias desplazadas, que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y desamparo en su búsqueda por justicia.