* Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2024, Chiapas, con solo 2.1 jueces por cada 100 mil habitantes, ocupa el último lugar en el país, mientras que la confianza ciudadana en el sistema judicial ha caído al 61.2%.
Redacción / Alfaro Noticias
Chiapas ocupa el último lugar a nivel nacional en la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes, con solo 2.1 jueces disponibles, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2024. Este déficit está afectando la capacidad del sistema judicial del estado para resolver casos de manera eficiente, lo que genera demoras y una sobrecarga de trabajo en los tribunales existentes.
El informe del CNIJE destaca que el 38.9 por ciento de los jueces en Chiapas se dedican a asuntos penales y de justicia penal para adolescentes, mientras que solo el 4.8 por ciento se encarga de casos laborales, una cifra considerablemente baja. Esto refleja una falta de atención a temas clave como los derechos laborales, lo que agrava la situación de los trabajadores en la entidad.
La escasez de jueces no solo está limitando la capacidad de resolución de los tribunales, sino que también está afectando la percepción ciudadana sobre el sistema judicial. La confianza en los jueces chiapanecos ha disminuido del 63.5 por ciento en 2016 al 61.2 por ciento en 2024, lo que también refleja una creciente desconfianza en el sistema jurídico
A nivel nacional, estados como Veracruz y Sinaloa tienen una mayor concentración de jueces en áreas civiles y mercantiles, mientras que Chiapas se destaca por su alta carga de trabajo en justicia penal. Esta disparidad resalta la necesidad urgente de diversificar la atención en áreas judiciales clave para equilibrar la carga de trabajo y mejorar la eficiencia del sistema.
Además de la escasez de jueces, Chiapas enfrenta una baja participación de jueces en áreas críticas como el derecho laboral, que representa solo el 4.8 por ciento de los casos atendidos. Este vacío judicial genera una desatención en los derechos laborales de los ciudadanos y agrava la situación de los trabajadores chiapanecos, quienes a menudo enfrentan problemas sin la debida protección legal.
