* Señalan que, a más de una década de la resolución, no existe una salida definitiva y persiste la tensión con pobladores de los Chimalapas.
Redacción / Alfaro Noticias
Comunidades de la zona noroeste de Cintalapa señalaron que el conflicto agrario en la región de los Chimalapas continúa sin resolverse, a más de una década de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que redefinió los límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca.
A través de un pronunciamiento, el Consejo Regional de la Zona Noroeste indicó que la sentencia, emitida en 2012, ubicó las tierras en disputa dentro del territorio oaxaqueño, lo que modificó la situación jurídica de comunidades que, aseguran, han habitado la zona por más de 60 años.
En este contexto, pobladores del ejido General Rafael Cal y Mayor realizaron una manifestación en el Parque de Guadalupe, en Cintalapa, para exigir que se respete una resolución agraria que, según afirman, favorece a comunidades chiapanecas asentadas en la franja limítrofe. La movilización fue encabezada por un representante de localidades de la zona noreste, quien señaló que comuneros de Santa María Chimalapa no reconocen dicho resolutivo.
De acuerdo con los denunciantes, esta situación ha derivado en presiones, amenazas y presuntos actos de hostigamiento contra familias que habitan en la región, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre.
El Consejo sostuvo que, pese a audiencias y gestiones ante instancias federales y estatales, no se ha alcanzado una solución definitiva. Indicó que los procesos legales han sido prolongados por recursos y revisiones constantes, lo que ha impedido dar certeza sobre la tenencia de la tierra.
Asimismo, señalaron que el conflicto ha impactado en las condiciones de vida de al menos 17 comunidades, con afectaciones en el acceso a servicios y en la estabilidad de las familias. Añadieron que, en algunos casos, resoluciones agrarias favorables han sido posteriormente cuestionadas dentro de los mismos procesos.
Los habitantes afirmaron que permanecerán en sus tierras y que continuarán la defensa de sus derechos por la vía legal y pacífica, mientras persiste la falta de una ruta institucional clara para resolver la disputa.
