Edgar Hernández Ramírez
En Chiapas están asesinando mujeres.
A Ana Luisa le cortaron las manos con un machete. No fue un desconocido. No fue en un asalto. Fue Pablo, su pareja, el mismo hombre al que ya había denunciado, el mismo que tenía una orden de restricción que nunca respetó, el mismo que hoy está prófugo mientras ella se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Tuxtla Gutiérrez. Sus tres hijos –tres criaturas que no deberían cargar con el peso de haber presenciado el intento de asesinato de su madre– estuvieron ahí, viendo cómo el hombre que debía protegerlos empuñaba el arma.
Lo de Ana Luisa, de 27 años, ocurrió en Cintalapa. Lo de Beani, de 20, en Tuxtla Chico: a ella le dispararon dentro de un vehículo y la abandonaron, aún con vida, hasta el día siguiente. Lo de Alexa, de apenas tres años, en Tila: su cuerpo presentaba huellas de extrema violencia y un traumatismo cerrado de tórax y abdomen. Y luego está Petrona, mujer tseltal de 32 años, embarazada y madre de cinco hijos, detenida por defenderse de las golpizas de su esposo.
En Chiapas siguen los feminicidios y el riesgo mayor no es sólo la violencia criminal, es la costumbre. Cuando una sociedad empieza a acostumbrarse al horror, algo profundo se rompe. Ya no duele igual el titular en los medios, ya no indigna igual la cifra, ya no convoca igual la protesta. El feminicidio deja de verse como una emergencia moral y comienza a tratarse como una estadística.
Los hechos recientes son insoportables. En abril, el caso de Ana Luisa en Cintalapa estremeció al estado: una agresión brutal presuntamente cometida por su pareja, a quien ya había denunciado, la dejó con lesiones gravísimas y amputaciones. La indignación llevó a marchas y exigencias de justicia. Días antes, colectivos denunciaban que Chiapas cerró marzo con seis presuntos feminicidios y que en lo que va del año sumaban al menos trece casos.
Detrás de cada número hubo una vida; una hija, una madre, una hermana, una mujer con proyectos, con rutinas, con afectos. Y detrás de cada crimen hay también una cadena de omisiones.
Porque el feminicidio no empieza con el asesinato. Empieza mucho antes: en el control disfrazado de amor, en los celos celebrados como prueba de interés, en la humillación normalizada, en el golpe perdonado, en la denuncia ignorada, en la orden de protección que nunca llegó, en el ministerio público que minimiza, en el vecino que escucha gritos y decide no meterse, en el amigo que sabe quién golpea y guarda silencio.
Las causas son conocidas y repetidas hasta el cansancio, pero no enfrentadas con la seriedad necesaria. Primero, una cultura machista que sigue educando a demasiados hombres en la idea de posesión: “si no eres mía, no eres de nadie”. Segundo, la impunidad. Cuando el agresor observa que otros golpearon, amenazaron o mataron y aun así siguen libres, aprende que puede hacerlo. Tercero, instituciones débiles: fiscalías rebasadas, policías mal capacitadas, jueces indiferentes, refugios insuficientes, presupuestos simbólicos. Cuarto, desigualdad económica que atrapa a miles de mujeres en relaciones violentas porque irse también significa no tener dónde vivir ni cómo alimentar a sus hijos.
Los efectos son devastadores. Una mujer asesinada no es un expediente cerrado: es una familia quebrada. Hijas e hijos quedan marcados por el trauma. Madres envejecen de golpe buscando justicia. Comunidades enteras aprenden miedo. Las mujeres modifican rutas, horarios, ropa, vida social, expectativas. La libertad cotidiana se encoge. El feminicidio no sólo mata personas; mutila ciudadanía.
¿Qué debe hacer el gobierno? Primero, asumir que esto no se resuelve con campañas publicitarias ni discursos de ocasión. Se requiere una estrategia estatal integral y medible. Investigación profesional inmediata en cada caso; protección real para denunciantes; órdenes de restricción vigiladas; bases de datos compartidas entre fiscalía, policía y tribunales; refugios suficientes; atención psicológica gratuita; abogados especializados; sanciones ejemplares y rápidas. Cada denuncia de violencia familiar debe tratarse como posible antesala de feminicidio.
También hace falta prevención seria: educación afectiva y de igualdad desde la escuela, programas para reeducación de agresores, detección temprana en centros de salud y trabajo comunitario en colonias con alta incidencia.
¿Y la sociedad? Dejar de mirar a otro lado. Romper el pacto masculino que protege violentos; creerles a las víctimas; acompañar denuncias; intervenir ante señales de riesgo; educar hijos sin culto al dominio ni a la crueldad; entender que no es “problema de pareja”, sino asunto público.
Chiapas no necesita acostumbrarse al espanto feminicida. Necesita reaccionar. Cada feminicidio que pudo evitarse acusa no sólo al asesino, sino al sistema entero. Y cada día que pasa sin acciones reales es una cuenta regresiva para la próxima víctima.
