Héctor Estrada
La iniciativa presentada este martes por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar a fin de eliminar el financiamiento a partidos políticos para el proceso electoral que concluye con las elecciones de 2018 parece una de las propuestas más considerables presentadas por el también presidente estatal del Partido Verde Ecologista; sin embargo, requerirá de más análisis de fondo para su oportuna aprobación ante el legislativo estatal.
La eliminación de recursos públicos para campañas electorales no es una idea nada descabellada, es una exigencia ciudadana que desde hace ya varios años ha circulado en las antesalas de los poderes legislativos (estatales y federal). Y tiene argumentos sólidos, estrictamente ligados al sistema político mexicano y el despilfarro de dinero público que termina derramándose en campañas electorales que honestamente ya nadie cree.
Durante los últimos procesos electorales en Chiapas y el país entero las campañas se han convertido es espacios utilizados para guerras sucias donde las propuestas están prácticamente ausentes. Los spots de radio y televisión no aportan nada a la construcción de proyectos de gobierno y el despliegue de publicidad impresa se ha vuelto un enorme derroche de basura publicitaria que honestamente ya no impacta nada.
La realidad para la política ha cambiado con el paso del tiempo y el avance de las tecnologías de la información. La red de redes (internet) ha desnudado en múltiples ocasiones a políticos que aún piensan que los spots y los boletines pagados siguen siendo la única fuente de consulta sobre sus dichos y hechos. La política se ha enfrentado a un nuevo y enorme reto con la existencia de las redes sociales y los medios alternativos donde la percepción si puede modificarse drásticamente.
Las últimas elecciones intermedias han dado muestra del poder de las redes, donde el más convincente y creativo puede arrebatar el triunfo a candidato oficial, dueño del poderío económico. El ejemplo más claro es el de Pedro Kumamoto que con un presupuesto menor a los 250 mil pesos arrebató la diputación local a los candidatos de mayor poder. Un caso digno de estudio que demostró que en México no siempre gana el que más dinero invierte en su campaña.
Sin embargo, en Chiapas, con un escenario completamente distinto al de Jalisco, la eliminación total del presupuesto para campañas también abre recovecos que podrían significar riesgos para la democracia misma. Aquí el voto duro, ese que se mueve por condicionamiento o instrucciones superiores, aún es más numeroso que los sufragios a conciencia. El impacto de campañas en redes sociales o medios alternativos podría tener efecto exclusivamente en las grandes ciudades, el resto, alejado de los nuevos modelos comunicacionales, seguiría votando de la misma forma.
La posibilidad de no tener campañas tradicionales podría terminar mermando a quienes realmente las necesitan de ellas para llegar a personas donde las nuevas campañas alternativas aún suenan distantes; lo que sin duda significaría una ventaja para candidatos oficiales armados con estructuras electorales listas para garantizarse votos seguros y publicidad a modo en esas zonas. Y aún hay un tema que deberá generar las mayores preocupaciones.
Eliminar el financiamiento público para las campañas políticas no significa en consecuencia un proceso electoral con campañas austeras. Ahí es donde el financiamiento externo, el tramposo, podría jugar un papel coyuntural, beneficiando a quien más intereses represente. Si eso sucede así, sin candados, las candidaturas emanadas de la ciudadanía sin financiamiento de “padrinos ocultos” padecerían la peor de las desventajas.
Por eso es importante que la iniciativa presentada por Eduardo Ramírez Aguilar no se vea con superficialidad. La eliminación del financiamiento para campañas políticas requiere también de candados y mecanismos que garanticen contiendas electorales equitativas. Sin trampas de por medio. Con limitados campos de acción iguales para todas y todos. De lo contrario, la reforma plagada de “buenas intenciones” terminará convirtiéndose en una ley a modo para los dueños del poder en turno… así las cosas.
