Bartolomé Martínez Villatoro: Crónica de una insurrección y la ruptura legal en el sureste mexicano
Diario de Los Llanos
El análisis de la tenencia de la tierra en Chiapas suele abordarse desde trincheras ideológicas polarizadas que impiden comprender la complejidad de sus dinámicas estructurales. Uno de los epicentros más significativos de esta tensión histórica es, sin duda, el municipio de Venustiano Carranza. Al revisar los acontecimientos de la década de los 70 y la figura del líder agrario Bartolomé Martínez Villatoro, la historia de la región se revela no como un relato simple de antagonistas, sino como el resultado de un choque sistémico entre el derecho institucional, los intereses económicos locales y la seguridad comunitaria.
Para entender el origen del conflicto, al menos desde una perspectiva general, es necesario remitirse al año 1965, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz emitió un Decreto Presidencial que otorgaba 50 mil 152 hectáreas de bienes comunales a la población indígena tsotsil de la localidad. Este acto jurídico, empero, lejos de resolver la problemática agraria, se convirtió en una fuente de contradicciones y disputas interpretativas. Por un lado, las bases comunales exigían la entrega inmediata y total de la superficie delimitada en el documento de la federación. Por el otro, los propietarios particulares y sectores productivos de la región argumentaban derechos legítimos de posesión y explotación económica, viendo la resolución gubernamental como una amenaza directa a la estabilidad de sus inversiones agrícolas y a la propiedad privada.
El equilibrio regional terminó de romperse a principios de los años 70 debido a factores exógenos dirigidos por el propio Estado. La construcción de la presa hidroeléctrica “La Angostura”, por ejemplo, alteró drásticamente la geografía y la economía local. Al inundar amplias zonas habitacionales y de cultivo, la obra federal exacerbó la competencia por los recursos restantes entre los sectores de la población. En este escenario de alta volatilidad, Bartolomé Martínez Villatoro asumió la dirección de Comisariado de Bienes Comunales de la Casa del Pueblo. Su papel en el proceso social fue el de un dinamizador político; bajo su gestión, las demandas comunitarias abandonaron los canales burocráticos tradicionales y se volcaron hacia la movilización social directa. Esta estrategia frontal fue percibida por los sectores patronales y las autoridades locales como un factor de inestabilidad y un desafío al Estado de derecho, lo que derivó en detenciones y constantes brotes de violencia callejera.
El punto de quiebre definitivo ocurrió el 1 de agosto de 1975 con el asesinato de Martínez Villatoro en las inmediaciones de Aguacatenango. Más allá de las responsabilidades penales señaladas en su momento por los distintos actores, este homicidio clausuró toda posibilidad de diálogo y mediación institucional entre las partes. La desaparición del líder comunal provocó una inmediata radicalización en la estructura organizativa de la Casa del Pueblo. Como respuesta al vacío de poder y bajo el argumento de la autodefensa, la comunidad indígena desconoció a las autoridades locales, asumió funciones del orden público y emprendió la ocupación física de los predios en disputa. Este viraje táctico sentó las bases operativas de lo que posteriormente sería la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).
Como bien ha desentrañado la investigadora Orquídea Moreno Muñoz en su tesis “Con flores de cacaluche la ciudad florece”, las ocupaciones de facto que se detonaron tras las crisis de 1976 no solo transformaron el campo, sino que reconfiguraron por completo el espacio urbano. Este fenómeno dio paso a lo que se puede denominar como la materialización y resistencia frente al “Proyecto Ladino de ciudad”. La presión agraria y social provocó una notable creación y expansión de los barrios de propiedad social, alterando de forma permanente la correlación y reestructuración del poder político y territorial en la antigua San Bartolomé de Los Llanos. El resultado de este proceso fue una reorganización de la cabecera en tres cinturones claramente diferenciados que hoy configuran su fisonomía social, urbana y política: El centro histórico ladino, núcleo tradicional del poder político e institucional. Los cinco barrios de tradición indígena, depositarios de la memoria histórica y la organización comunitaria tsotsil. Los barrios de propiedad social, surgidos como consecuencia directa de los asentamientos, repartos y tomas de tierra del movimiento campesino contemporáneo.
A medio siglo de distancia, los sucesos de Venustiano Carranza ofrecen una lección rigurosa sobre las consecuencias de la inoperancia institucional en contextos multiculturales y de alta desigualdad. Lo ocurrido en los años 70 no debe leerse bajo una narrativa simplista, sino como un fenómeno sociológico y urbanístico donde la ausencia de mecanismos eficaces para conciliar el desarrollo económico regional con los derechos colectivos indígenas terminó por sepultar la vía pacífica, instaurando dinámicas de confrontación y una división del espacio territorial cuyas secuelas e identidades siguen vigentes en la estructura sociopolítica de la antigua San Bartolomé.
