Angel Mario Ksheratto
Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), no da muestras de ser un funcionario apegado a las reglas del vilipendiado sistema electoral mexicano. Hasta donde va, los resultados de su trabajo son deplorables, insustanciales y parciales cuando no, subjetivos y descaradamente selectivos.
Hace unos días, Eva Cadena, diputada veracruzana con licencia, fue grabada recibiendo medio millón de pesos, bajo la explícita encomienda de entregarlos personalmente al precandidato presidencial, Manuel Andrés López Obrador. El escándalo hizo rebotar a la aspirante a la alcaldía de Las Choapas y obligó al líder de MORENA a deslindarse de la mujer a la que, unos días antes, defendió de las acusaciones en su contra, imputando a sus tradicionales adversarios el “cuatro” tendido a su seguidora para desprestigiarle a él.
Trampa o no, el hecho de recibir dinero mal habido para una campaña (fuera de tiempo, lo cual ya es un delito electoral), constituye una violación a las normas, fundamento de la FEPADE para proceder en contra de la protagonista del affaire y amenazar con llamar al aspirante a la presidencia de la República, para interrogarlo.
El protocolo así lo indica. Debe comparecer. Sin embargo, la parcialidad salta a la vista y deja en entredicho, una vez más, el compromiso de esa dependencia para procurar justicia en materia electoral.
Aspirantes del PAN, PRI y PRD, han incurrido en las mismas anomalías; Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Ivonne Ortega, José Narro, Luis Videgaray, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, Graco Ramírez, Enrique Alfaro, Jaime Rodríguez, Jorge Castañeda, Pedro Ferriz de Con, Emilio Álvarez Icaza y otros que no tienen ninguna posibilidad, no han reparado en gastos para promover su imagen.
La mayoría, incluso, echando mano del erario, lo cual, según la ley, es una agravante que la institución bajo el mando de Nieto Castillo, ha omitido, En el caso de López Obrador, ha reaccionado con inmediatez, lo que levanta sospechas sobre la autonomía de su cargo y el tipo de consignas que habrá de seguir y que no dejan dudas respecto a la parcialidad de las ejecuciones contra quienes se contrapongan a la normativa electoral.
No es la pretensión defender lo indefendible; AMLO ha sido reacio a acatar las reglas y respetar a las instituciones. De hecho, las ha mandado al diablo. El hecho es irrefutable, de tal manera que el mismo López Obrador lo ha admitido, aunque hasta hoy, a ciencia cierta, no se sabe el paradero de ése medio millón de pesos.
Se trata de exigir imparcialidad y en ese contexto, reclamar a la FEPADE, la aplicación del mismo criterio contra otros que han violado la ley. No vayamos lejos, en Chiapas, siete exconsejeros cometieron delitos graves y esa dependencia, fue débil y complaciente, al grado que de éstos, solo una de ellas estuvo detenida unas horas.
Si hacemos un recuento de los delitos electorales cometidos por aspirantes a cargos de elección popular, existen evidencias sólidas y suficientes para encarcelar al 98 por ciento de éstos. O por lo menos, inhabilitarlos para contender, como dicta el catálogo de sanciones.
Algunos funcionarios electorales alegan “lagunas jurídicas y legales” en la ley electoral, que han permitido el uso y abuso de recursos públicos para la promoción personal; eso no es del todo verdad. ¿Por qué a algunos, a los incómodos, sí se les aplica y a los incondicionales no? Por una sencilla razón: en México, el imperio de la impunidad se ha apoderado de las instituciones; la complicidad es insustituible.
Si al aspirante tabasqueño habrá de sancionársele, hágase lo mismo con los funcionarios de SEDESOL, que condicionan la asistencia social a cambio de votos para el PRI. Castíguese a Rosario Robles Berlanga y Emilio Zebadúa, de la SEDATU, que condicionan a los alcaldes de Chiapas, para que apoyen la precandidatura del segundo y la aspiración del sátrapa Pablo Abner Salazar, de ser senador del PT. Eso sería justicia.
Dudamos mucho que Santiago Nieto Castillo, haga lo conducente, lo viable. No lo hará porque él, obedece órdenes superiores; porque su consigna es “castigar” a los odiados del sistema. Debo insistir que no se defiende a AMLO. No, porque él es parte del mismo sistema corrupto y lo ha demostrado con creces. No es un hombre de fiar. Los escándalos de dinero en que se ha visto envuelto, son muchos. Pero tampoco debe pasar desapercibido el hecho que contra él, todo el aparato gubernamental se ha enderezado y eso es, a todas luces, malo para la paupérrima democracia.
