Advierten corrupción fraudulenta en Registro Público de la Propiedad en Chiapas / En la Mira

Héctor Estrada

Tremenda cloaca parece haberse destapado al interior del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Chiapas donde las anomalías e irregularidades en la expedición de presuntos folios falsos, documentación que no existe en libros, actas de libertad de gravamen sin sustento jurídico y actas de posesión apócrifas han comenzado a salir a la luz mediante las denuncias de víctimas y ex trabajadores de la dependencia.
Según la información vertida este jueves a través de diversos medios de comunicación, los denunciantes acusaron de manera directa a personajes como Leonardo Daniel López Gálvez a quien señalaron de ser uno de los responsables de “coordinar” los procedimientos fraudulentos, consistentes en la alteración de expedientes o registros oficiales.
De acuerdo a los señalamientos, el costo por cada trámite arbitrario puede llegar hasta los 30 mil pesos, por lo que todo apunta a ser un negocio redondo para los involucrados. Y es que, no se trata de acusaciones que deban abordarse con superficialidad; lo denunciado constituye un delito de suma gravedad que bien podría involucrar penalmente a más funcionarios de dicha dependencia.
Como pruebas de las acusaciones fueron presentados los casos concretos de los folios 177490, 8420 y 293055, con los que se crearon antecedentes ficticios de propiedades. Tal es el caso del folio 8999 de un predio en Berriozábal del cual no hay legajo correspondiente y cuyo registro del 25 de diciembre de 1999 simplemente no existe. Fue creado y subido al sistema de manera extemporánea para simular su legalidad.
El alcance de la presunta mafia al interior del Registro Público es de tal magnitud, señalaron, que incluso se venden actas de libertad de gravamen para casas o cualquier predio, a fin de que quienes lo soliciten puedan realizar actos financieros a pesar de que se encuentren hipotecadas, lo que ha originado el daño patrimonial de instituciones crediticias, así como de personas físicas; con denuncias que ya constan en expedientes judiciales.
Según los denunciantes, el modus operandi empieza con los gestores independientes que le llevan los asuntos a López Gálvez y él se encargaría de poner los precios y de efectuarlos, en presunta complicidad con la delegada del Registro Público, María Fernanda Ponciano Escobar. “El fraude ya es del conocimiento de las autoridades estatales; a pesar de ello y de las denuncias interpuestas no se ha actuado en consecuencia”, destacaron los afectados.
Los fuertes señalamientos que hoy pesan sobre el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Chiapas requerirán inevitablemente de una explicación e investigación a profundidad. La presunta corrupción expuesta en las entrañas de la dependencia es un asunto de alta peligrosidad, pues pone en riesgo el patrimonio de miles de personas en Chiapas que, se supondría, deberían obtener seguridad patrimonial de una dependencia que ahora es motivo de incertidumbre.
La delegada en Chiapas, María Fernanda Ponciano Escobar, está obligada a brindar serias explicaciones y esclarecer semejante embrollo. El silencio sólo daría credibilidad a quienes hoy denuncian las presuntas arbitrariedades y procedimientos fraudulentos en un escenario de innegable alarma… así las cosas.