* Dos informes presentados en la CDMX señalan que continúan el desplazamiento forzado, las desapariciones y las agresiones contra personas defensoras en la entidad
Redacción / Alfaro Noticias
Organizaciones civiles y de derechos humanos presentaron este martes, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, los informes Chiapas: la paz pendiente y Defender derechos entre la paz superficial y la violencia real, investigaciones que documentan la situación de desplazamiento forzado, desaparición de personas y agresiones contra personas defensoras en distintas regiones de Chiapas. Entre los hallazgos expuestos destaca que más de 24 mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 2021 y 2025, además de un incremento de 25 por ciento en las agresiones contra defensores de derechos humanos durante el último año.
El informe Chiapas: la paz pendiente, elaborado por el Grupo de Trabajo Región Frontera, analiza los impactos de la estrategia de seguridad pública en la región Sierra-Frontera y documenta fenómenos como el desplazamiento forzado y la desaparición de personas. Por su parte, el informe Defender derechos entre la paz superficial y la violencia real, elaborado por el Observatorio de Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas (OBSE), examina las condiciones que enfrentan quienes realizan labores de defensa de derechos humanos en la entidad.
Durante la presentación, las organizaciones señalaron que, aunque en algunas regiones han disminuido hechos visibles de violencia como bloqueos carreteros y retenes irregulares, persisten dinámicas de control territorial que continúan afectando a comunidades y pobladores.
De acuerdo con los datos expuestos, en la región Sierra-Frontera fueron registradas 416 desapariciones en un periodo de un año, además de la localización oficial de al menos 25 fosas clandestinas en el estado.
Uno de los hallazgos destacados por el OBSE es que siete de cada diez personas agredidas por su labor de defensa de derechos humanos son mujeres. Según el informe, estas agresiones incluyen campañas de difamación, vigilancia, amenazas y ataques directos, tanto en espacios públicos como en sus domicilios.
Las organizaciones señalaron además que ocho de cada diez agresiones documentadas fueron dirigidas específicamente contra personas defensoras y no ocurrieron como consecuencia indirecta de hechos de violencia generalizada.
La presentación contó con la participación de Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Pedro Faro, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Valentina Auletta, especialista de protección de SweFOR México; Diana Lepe, directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y el periodista Ernesto Ledesma. La moderación estuvo a cargo de Nataniel Hernández Núñez, coordinador de Protección de la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).
Durante sus intervenciones, los participantes señalaron la necesidad de analizar la situación de seguridad más allá de los indicadores tradicionales de incidencia delictiva y consideraron indispensable fortalecer las medidas de protección para comunidades afectadas por la violencia, personas desplazadas y defensores de derechos humanos.
