
A mi pasado presidente y amigo profesor Waldo Martín, de arraigo y cultura indígena huixteca, le comparto mis observaciones dialogadas.
Por Carlos Perola Burguete*
Durante los últimos años, las y los mexicanos hemos escuchado hablar constantemente de soberanía. Soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, soberanía frente a las presiones extranjeras, como lo dijo la presidenta Claudia Sheimbaum el domingo pasado
Sin embargo, existe una pregunta incómoda que rara vez se formula desde los estados históricamente relegados del desarrollo nacional:
¿Puede existir una verdadera soberanía republicana cuando los propios mexicanos son gobernados con criterios económicos distintos según el territorio donde nacieron?
En 2018, el salario mínimo general en México era de apenas $88.36 pesos diarios. Ocho años después, en 2026, el salario mínimo general alcanza los $315.04 pesos diarios. Nadie puede negar que se trata de un incremento histórico que ha sido presentado como uno de los principales logros de la transformación política que vive el país.
Pero la realidad nacional no es homogénea.
Mientras en la frontera norte el salario mínimo alcanza hoy los $440.87 pesos diarios, en Chiapas, frontera sur de México, el salario mínimo continúa siendo de $315.04 pesos diarios.
La diferencia no es una simple cifra administrativa. La diferencia representa una decisión política del Estado mexicano sobre cuáles territorios son considerados estratégicos y cuáles continúan esperando un reconocimiento equivalente.
La pregunta es inevitable:
¿Por qué la frontera norte sí y la frontera sur no?
La frontera norte fue considerada prioritaria para fortalecer la competitividad económica frente a Estados Unidos, para atraer inversiones y para enfrentar las dinámicas propias de una región altamente integrada con la economía estadounidense.
Sin embargo, Chiapas también es una frontera estratégica.
Es la principal puerta de entrada terrestre de los flujos migratorios lanzados desde Centroamérica y de otras regiones del mundo. Es una entidad que soporta presiones económicas, sociales y de seguridad vinculadas al fenómeno migratorio. Es además uno de los estados que históricamente ha enfrentado mayores rezagos en infraestructura, industrialización, empleo formal y bienestar social.
Si la migración es un asunto de seguridad nacional, si el desarrollo regional es una prioridad nacional y si la reducción de la pobreza constituye un objetivo fundamental del Estado mexicano, entonces resulta legítimo preguntar por qué la frontera sur no ha recibido una estrategia equivalente a la implementada en la frontera norte.
La discusión no consiste en negar los avances nacionales ni en desconocer los incrementos salariales alcanzados durante estos años.
La discusión consiste en preguntarnos quiénes pudieron beneficiarse efectivamente de esas políticas públicas y quiénes continúan esperando que esos beneficios lleguen a su realidad cotidiana.
Porque en Chiapas existe una realidad que las cifras nacionales suelen ocultar.
Una gran parte de la población chiapaneca no trabaja bajo esquemas salariales formales. Y esta condición lo saben muy bien y claramente los gobernantes de la cuarta transformación. Millones de personas sobreviven mediante el autoempleo, la agricultura de subsistencia, la economía informal, el comercio local o las redes familiares de apoyo. Para muchos de ellos, los aumentos al salario mínimo son una referencia estadística más que una mejora tangible de sus condiciones de vida.
Mientras los discursos oficiales celebran indicadores nacionales, miles de comunidades continúan produciendo buena parte de lo que consumen, intercambiando bienes y servicios dentro de economías locales y desarrollando estrategias de supervivencia ante la insuficiencia de oportunidades productivas.
No se trata de una autarquía en sentido estricto. Se trata de una población que ha aprendido históricamente a sobrevivir frente a un desarrollo revolucionario que nunca llego, y el prometido tarda demasiado en llegar.
Por eso, cuando se habla de soberanía, conviene ampliar la discusión.
Existe una soberanía energética.
Existe una soberanía alimentaria.
Existe una soberanía tecnológica.
Pero también existe una soberanía republicana.
La soberanía republicana implica que ningún territorio de la Federación sea permanentemente relegado a una condición secundaria dentro del proyecto nacional. Implica que las oportunidades de desarrollo no dependan exclusivamente de la geografía política ni de la cercanía con determinados centros de poder económico.
Una República no se fortalece únicamente cuando protege sus recursos naturales o cuando resiste presiones externas.
Una República se fortalece cuando todos sus territorios son incorporados de manera justa a la construcción del bienestar nacional.
Por ello, algunos ciudadanos observamos con reservas las ceremonias políticas, los informes gubernamentales y los eventos organizados para celebrar los avances alcanzados.
Los aplausos son legítimos cuando los resultados llegan a la vida cotidiana de la gente.
Los aplausos son legítimos cuando las oportunidades se distribuyen con criterios de equidad territorial.
Los aplausos son legítimos cuando las regiones históricamente rezagadas dejan de aparecer, año tras año, en los primeros lugares de pobreza y exclusión.
Pero cuando una frontera recibe $440.87 pesos diarios y otra recibe $315.04; cuando una región es considerada estratégica y otra continúa esperando una política equivalente; cuando millones de personas permanecen fuera de los beneficios efectivos del crecimiento económico, el deber ciudadano no es aplaudir automáticamente.
El deber la ciudadanía chiapaneca, es preguntar a la República.
Preguntar por qué existen territorios de primera y territorios de segunda dentro de una misma República.
Preguntar por qué una frontera parece merecer mayores instrumentos de desarrollo que otra.
Preguntar por qué la soberanía nacional no siempre se traduce en igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.
Porque la verdadera soberanía no se mide únicamente frente a otros países.
La verdadera soberanía se mide también en la forma en que una Nación trata a sus propias regiones y a sus propios ciudadanos.
Y mientras Chiapas continúe esperando el mismo reconocimiento estratégico que el Estado mexicano ha otorgado a otras regiones del país, la discusión sobre la soberanía republicana seguirá abierta.
Muy abierta.
*Un ciudadano del mundo, nacido en Chiapas. Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria y económica y las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico B&G-Chiapas.


