*El estado se mantiene a la cabeza del rezago educativo nacional, impactando al 44.9% de su población general.
El panorama educativo de Chiapas ha alcanzado niveles críticos. Los reportes actualizados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirman que la entidad federativa continúa liderando los peores indicadores de rezago y deserción del país. El impacto es visible tanto en las infancias como en la población adulta que no ha concluido su educación obligatoria.
De acuerdo con las evaluaciones de los organismos educativos, Chiapas registra un 44.9% de su población general en situación de rezago educativo, posicionándose como el estado con el mayor porcentaje de personas sin instrucción básica completa en todo México. Esta cifra contrasta drásticamente con zonas urbanas como la Ciudad de México, donde el indicador desciende al 16.6%.
En lo que respecta a las infancias y adolescencias, los análisis de la Red por los Derechos de las Infancias en México (REDIM) confirman que el 17.4% de los menores de entre 3 y 17 años vive en condición de rezago. Esto se traduce en casi 312 mil niñas, niños y adolescentes excluidos del avance escolar idóneo para su edad.
La crisis se agudizó drásticamente durante el último periodo reportado por la SEP. Chiapas se consolidó como la segunda entidad con mayor deserción escolar de todo el país, tras registrar la alarmante cifra de más de 71 mil alumnos que abandonaron las aulas durante el ciclo escolar.
Este incremento en el abandono se atribuye a una mezcla multifactorial de problemáticas estructurales:
Pobreza estructural: El estado mantiene al 66% de su población en pobreza multidimensional general y al 27.1% en pobreza extrema, de acuerdo con el monitoreo histórico del INEGI.
Disparidad indígena: Las regiones serranas y de los Altos de Chiapas concentran más de la mitad de los casos de deserción total, afectando principalmente a los estudiantes pertenecientes a pueblos originarios.
Las autoridades locales e iniciativas parlamentarias han planteado urgentes reformas educativas estatales para contrarrestar este estancamiento estructural, enfocando las prioridades hacia la retención de matrículas en comunidades rurales e indígenas, las cuales sufren con mayor rigor el embate de las carencias sociales.