*Guadalupe Taddei cuestionó que el instituto asuma funciones relacionadas con la evaluación de perfiles y antecedentes de candidaturas
La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, cuestionó la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear un mecanismo que permita detectar posibles vínculos entre candidaturas y la delincuencia organizada, al advertir que el organismo electoral podría quedar “en medio de una disputa política”.
Durante una conferencia de prensa, Taddei señaló que el INE no debe asumir funciones relacionadas con la validación de la integridad o los antecedentes de las personas candidatas, ya que ello podría comprometer su papel como autoridad neutral e imparcial en los procesos electorales.
“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta autoridad electoral en el centro de la disputa política”, expresó la consejera presidenta.
La propuesta presentada por el gobierno federal contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE, integrada por cinco consejeros electorales, que tendría la facultad de solicitar información a instancias federales como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De acuerdo con la iniciativa, los partidos políticos podrían enviar de manera voluntaria los perfiles de sus aspirantes para que las autoridades realicen una evaluación sobre posibles “riesgos razonables” relacionados con vínculos delictivos. Posteriormente, la comisión notificaría a los partidos sobre los resultados de la revisión, aunque la decisión final sobre el registro de candidaturas seguiría correspondiendo a cada fuerza política.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó previamente que el objetivo de la reforma es establecer mecanismos preventivos de cara a las elecciones intermedias de 2027 y evitar que personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado accedan a cargos públicos.
La presidenta Sheinbaum justificó la propuesta tras los casos de alcaldes detenidos durante la llamada Operación Enjambre en Morelos y el Estado de México, donde autoridades investigan presuntos nexos entre funcionarios municipales y grupos criminales.
Ante ello, Taddei insistió en que la responsabilidad de investigar y determinar posibles vínculos delictivos corresponde a las autoridades de procuración de justicia y seguridad, no al órgano electoral. También señaló que el INE deberá esperar el texto definitivo de la reforma para analizar los posibles lineamientos y mecanismos que implicaría su eventual aprobación en el Congreso.
