Javier Figueroa
La postura asumida por el gobernador de Eduardo Ramírez Aguilar frente a los videos difundidos en redes sociales sobre el actuar de algunos elementos de seguridad representa un mensaje político e institucional de gran relevancia para Chiapas. Más allá de una reacción mediática, sus declaraciones reflejan un intento por marcar una línea clara entre el combate a la delincuencia y el respeto irrestricto a la legalidad.
Uno de los aspectos más importantes de su posicionamiento es el reconocimiento explícito de la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Al solicitar al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca que actúe de manera inmediata contra quienes resulten responsables, el gobernador evita caer en una defensa automática de los cuerpos de seguridad y, en cambio, fortalece la idea de que ninguna institución debe estar por encima de la ley. Esto resulta particularmente significativo en un contexto nacional donde frecuentemente las denuncias sobre abusos de autoridad generan percepciones de impunidad o encubrimiento institucional.
El mensaje también tiene una dimensión política profunda. En tiempos donde la seguridad pública suele medirse únicamente por resultados operativos o por la contundencia contra grupos delictivos, Eduardo Ramírez introduce un elemento fundamental: la legitimidad del Estado depende no sólo de combatir el crimen, sino de hacerlo dentro del marco de los derechos humanos. Su declaración deja claro que el uso de la fuerza debe mantenerse siempre bajo parámetros legales y éticos, incluso cuando se trate de personas acusadas de delitos graves.
Este punto cobra especial relevancia porque históricamente en México ha existido un debate constante entre seguridad y derechos humanos, como si ambos conceptos fueran incompatibles. Sin embargo, el gobernador plantea una visión distinta: el respeto a los derechos humanos no debilita la acción de la justicia, sino que la fortalece y le otorga legitimidad. Cuando un gobierno reconoce que incluso los presuntos delincuentes tienen derechos que deben ser garantizados, envía un mensaje de madurez institucional y de compromiso con los principios constitucionales.
Otro elemento relevante es la rapidez del posicionamiento. En la actualidad, las redes sociales tienen un enorme impacto en la percepción pública y muchas veces pueden provocar crisis de confianza hacia las instituciones. La reacción inmediata del gobernador evita el silencio institucional, que suele interpretarse como indiferencia o complicidad. Al fijar postura desde el inicio, asume liderazgo político y demuestra sensibilidad ante la preocupación social generada por las imágenes difundidas.
Además, esta declaración también puede interpretarse como un mensaje interno hacia las corporaciones de seguridad. Se establece que el combate a la delincuencia debe realizarse con disciplina, profesionalismo y apego a protocolos. Esto fortalece la idea de que los cuerpos de seguridad no sólo deben ser eficaces, sino también responsables y transparentes en su actuar.
En términos de gobernabilidad, el posicionamiento de Eduardo Ramírez busca equilibrar dos exigencias ciudadanas que muchas veces parecen opuestas: por un lado, la demanda de firmeza contra la delincuencia y, por otro, la exigencia de respeto a los derechos humanos y de rendición de cuentas. Lograr ese equilibrio es uno de los mayores desafíos de cualquier administración pública en materia de seguridad.
Finalmente, el mensaje del gobernador tiene un valor simbólico importante porque reafirma que el Estado de Derecho debe prevalecer por encima de cualquier circunstancia. En una entidad con retos complejos en materia de seguridad, justicia y confianza institucional, este tipo de pronunciamientos contribuyen a fortalecer la percepción de que la autoridad está dispuesta a actuar con responsabilidad, legalidad y respeto a la dignidad humana. Hasta el siguiente comentario.
