Edgar Hernández Ramírez
El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum ante jóvenes de Kanasín, Yucatán, tuvo la forma sencilla de una defensa de la educación pública, pero en el fondo trazó una advertencia mayor: los derechos conquistados por el pueblo también pueden perderse. Nada está garantizado para siempre. Ni las becas, ni las pensiones, ni el salario mínimo, ni la salud gratuita, ni la educación superior como derecho. Todo avance social, cuando toca intereses, despierta fuerzas de restauración.
El corazón de su mensaje del sábado pasado fue claro; la 4T no se entiende sólo como un gobierno, sino como una ruptura de régimen. Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con una promesa central: separar el poder político del poder económico. Esa decisión trastocó la vieja estructura que durante décadas permitió a grupos empresariales, medios, partidos, intermediarios, tecnócratas y sectores judiciales influir de manera privilegiada en la toma de decisiones públicas. La política social dejó de ser residuo presupuestal y se volvió columna vertebral del Estado. La energía volvió a ser presentada como asunto de soberanía. Las grandes obras públicas se asumieron como símbolos de capacidad estatal. El Poder Judicial fue sometido a una reforma que cambió las reglas de acceso y legitimidad.
Ese viraje explica la intensidad de las resistencias. La 4T no incomodó sólo por su retórica; incomodó porque movió dinero, contratos, prestigios, jerarquías y centros de decisión. Quitó intermediaciones; redujo publicidad oficial; reorientó el presupuesto; disputó la rectoría de sectores estratégicos. Les dijo a los poderes económicos que podían seguir participando en la vida nacional, pero ya no dictar la política pública desde la antesala del poder. Para quienes se acostumbraron a gobernar sin ganar elecciones, aquello fue una expropiación simbólica.
Por eso la advertencia de Sheinbaum debe leerse en clave de defensa estratégica. Cuando dijo que “los derechos conquistados del pueblo se pueden perder”, no hablaba únicamente a los jóvenes beneficiarios de una universidad nueva. Hablaba a una sociedad que, según su lectura, corre el riesgo de olvidar el origen político de lo que hoy recibe como derecho. La pensión universal, las becas, el aumento al salario mínimo, los apoyos al campo, la vivienda popular, la salud gratuita y la expansión educativa no son simples programas: son la base material de legitimidad de un proyecto.
Pero toda base material tiene adversarios. En México, los sectores desplazados por la 4T no han desaparecido. Perdieron el gobierno, pero no perdieron recursos, medios, relaciones internacionales, influencia económica ni capacidad narrativa. La oposición partidista, debilitada electoralmente, ha encontrado en la denuncia permanente una forma de supervivencia. Los grandes intereses económicos, aunque adaptados a las nuevas reglas, siguen buscando márgenes para recuperar influencia. Algunos poderes mediáticos, disminuidos en su antigua dependencia de la publicidad oficial, han convertido la confrontación con el oficialismo en identidad editorial. Y sectores del viejo régimen observan cada crisis como oportunidad para probar que la Transformación es inviable.
A esa presión interna se suma ahora una variable externa decisiva: Donald Trump. Su política arancelaria, su discurso antimigrante, su estrategia antidrogas extraterritorial y su visión imperial de la seguridad hemisférica colocan a México en una zona de alta tensión. Bajo el argumento de combatir al narcotráfico, Estados Unidos puede intentar ampliar su margen de intervención política, judicial, financiera, militar o de inteligencia. Bajo el argumento del comercio, puede usar los aranceles como garrote. Bajo el argumento de la seguridad nacional, puede condicionar la cooperación bilateral. La presión no siempre necesita tanques; a veces basta con expedientes, amenazas comerciales, campañas mediáticas o filtraciones calculadas.
No se trata de afirmar que todos los adversarios internos y externos operan bajo un mando común. Eso sería una simplificación. Lo que existe es algo políticamente más verificable: una convergencia de intereses. A la derecha mexicana le conviene que la 4T aparezca como autoritaria, corrupta o incapaz. A ciertos grupos económicos les conviene que el Estado reduzca su papel rector. A los poderes mediáticos opositores les conviene erosionar la legitimidad presidencial. Y a un gobierno estadounidense de vocación intervencionista le conviene un México presionado, dócil y necesitado de validación externa.
Desde esa perspectiva, la frase más importante del discurso de Yucatán no fue sólo “nadie le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México”. Fue, sobre todo, esta: “ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México”. Ahí Sheinbaumcolocó la soberanía en el centro del conflicto. La Transformación, en su definición, no es únicamente una política social interna; es también la afirmación de que México tiene derecho a decidir su modelo de desarrollo sin tutela extranjera.
La presidenta habló también hacia adentro de su propio movimiento. Cuando advirtió que nadie deshonesto puede esconderse “bajo el halo de la Transformación”, reconoció un riesgo fundamental: la 4T no sólo puede ser debilitada desde fuera; también puede pudrirse desde dentro. La corrupción, el oportunismo, el arribismo y la simulación son amenazas tan corrosivas como la presión externa. Un proyecto que se presenta como regeneración moral no puede permitirse que sus siglas sirvan de refugio a quienes reproducen las prácticas del viejo régimen.
El mensaje de Yucatán, por eso, tiene tres destinatarios. Al pueblo le dice: defiendan lo conquistado. A los adversarios internos les advierte: no volverán a apropiarse del Estado sin resistencia social. A los poderes extranjeros les marca un límite: cooperación no significa subordinación. Y a los cuadros de la propia 4T les recuerda que la honestidad no es adorno discursivo, sino condición de pertenencia.
La columna vertebral de la hipótesis es esta: México vive una fase de defensa de la Transformación. El primer ciclo fue ganar el poder. El segundo fue construir derechos y obras. El tercero será resistir los intentos de desmontaje, captura o subordinación. Sheinbaum parece entender que la disputa ya no se libra únicamente en las urnas, sino también en el terreno de la conciencia social, la soberanía nacional, la legitimidad moral y la capacidad del Estado para sostener un modelo propio.
En Kanasín, la presidenta no pronunció un discurso inocuo.Dio una señal trascendente. Dijo que la Transformación pertenece al pueblo porque nació de una ruptura con el viejo régimen; dijo que puede perderse si se olvida su sentido; dijo que no será entregada a los corruptos de antes ni a ningún gobierno extranjero. Y al decirlo, colocó su presidencia en una línea de combate político: conservar lo conquistado, blindarlo frente a los intentos de restauración y convertir cada derecho en conciencia.
Esa es la batalla que viene. No sólo administrar el país, sino impedir que el país vuelva a ser administrado por quienes nunca aceptaron del todo haber perdido el privilegio de decidir por todos.
