Manuel Ruiseñor Liévano
Al echar una mirada con los anteojos bien graduados y puestos sobre la economía y las finanzas públicas nacionales, el resultado que se nos aparece — derivado de las mediciones más recientes, toda ellas oficiales— es de tal modo preocupante que nos lleva a preguntarnos si México está situado en un proceso de contracción o estancamiento. Vamos por partes.
No está demás referir que se trata de una cuestión relevante a discernir, dada la precisión que nos exige la ciencia económica en el análisis, para lograr una mayor claridad y comprensión del tema.
LA TEORÍA
Primero, consideremos que la diferencia entre Estancamiento y Contracción radica en que el primero implica un crecimiento nulo o muy bajo del PIB, mientras que el segundo —Contracción — significa que la economía está reduciéndose dado su crecimiento negativo.
Expliquemos: el Estancamiento económico implica que el PIB (la riqueza nacional) apenas crece o se mantiene igual durante un periodo prolongado,hay alto nivel de desempleo, la economía no genera suficientes puestos para la nueva fuerza laboral y la producción esta detenida o tiene avances mínimos. En estos casos es cuando regularmente se dice “nada mejora pero tampoco hay un colapso”.
Ahora bien, Contracción económica es, por antonomasia, crecimiento negativo como fase de un ciclo donde la actividad económica disminuye; es decir, el crecimiento del PIB es menor a cero. Vale la pena añadir que si la Contracción dura dos trimestres consecutivos o más, se denomina técnicamente recesión. Entre las características de esta fase está el aumento significativo del desempleo.
En pocas palabras, comparando Estancamiento versus Contracción podemos decir que cuando se da el primero la producción se mantiene y no crece, no hay creación de empleo y el impacto general es la lentitud o falta de dinamismo.
En cambio, cuando hay Contracción la producción disminuye y aún cae, hay pérdida de empleos y su efecto se expresa en un estado de crisis económica y aún peor se registra pérdida de la riqueza nacional.
Luego entonces este país se encuentra en un estado económico de ESTANCAMIENTO. Vayamos a las cifras.
DATOS DUROS
Hay evidencias significativas que el Estancamiento de la economía mexicana se ha profundizado en el arranque del año. El Producto Interno Bruto (PIB) de México se contrajo un 0,8% durante el primer trimestre de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Se trata de datos que reflejan un parón en el desarrollo económico del país en todos sus sectores productivos. Lo cual, en otros términos significa que la hoy segunda economía de América Latina se encuentra presionada por las medidas arancelarias del Gobierno de Donald Trump y la incertidumbre por la renovación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Así también recibe los impactos provocados por la caída de la inversión y la debilidad de diversas instituciones, lo cual genera desconfianza en los sectores económicos.
Se trata de un periodo prolongado de debilidad, con indicadores clave que muestran una clara tendencia de Estancamiento que, en algunos sectores específicos, se ha extendido por más de dos años hacia este mayo de 2026.
Y es que la caída ya referida del PIB en el primer trimestre del 2026, representó un descenso generalizado y simultáneo de las actividades económicas: (-1.36%) en las actividades primarias; (-1.05%) en las secundarias y (-0.61%) en las actividades terciarias. Algo que no sucedía desde finales de 2024.
ANEMIA ECONÓMICA
Luego de un avance de apenas 0.7% en 2025, el crecimiento anualizado al primer trimestre de 2026 se ubicó en un marginal 0.2%, muy por debajo del potencial de crecimiento estimado del 2%, lo cual es indicativo de que el estado general de la economía se ha mantenido por debajo de su tendencia de largo plazo a principios de 2026, confirmando un ciclo de estancamiento el cual bien puede llamarse “estado de anemia económica”.
INFLACIÓN E INCERTIDUMBRE Y POLÍTICA FISCAL
A todo lo anterior, debe añadirse que la situación económica prevaleciente por igual está influenciada por diversos factores internos y externos de riesgo. Hablamos de Inflación y Estanflación.
Estanflación, toda vez que se advierten riesgos por causa del bajo crecimiento combinado con una inflación que repuntó al 4.59% en marzo de 2026, impulsada por el alza de energéticos derivado de conflictos en Oriente Medio.
Incertidumbre Comercial, como derivación de las tensiones comerciales con Estados Unidos, incluyendo la posible implementación de aranceles, las cuales han frenado las exportaciones y la inversión.
Política Fiscal, porque en su propósito de sanear las finanzas públicas la consolidación fiscal en curso ha moderado el consumo y la inversión públicos.
LAS FINANZAS PÚBLICAS
A todo esto, cabe agregar que en este entorno los ingresos presupuestarios del sector público disminuyeron 0.7% real, impulsados por la caída de los ingresos tributarios —0.6% real— y de los ingresos petroleros, 9.4% real por efecto de la apreciación cambiaria.
Al mismo tiempo, el gasto neto total aumentó 2.6% real. Como resultado, el déficit presupuestario —que mide la diferencia entre los ingresos y el gasto total del sector público, incluyendo el pago de intereses de la deuda— ascendió a 207 mil millones de pesos, 60.5% mayor en términos reales que el observado en el mismo periodo de 2025 (124 mil millones de pesos).
Acorde con cifras del IMCO, el espacio fiscal del Gobierno Federal, es decir, los recursos disponibles para financiar funciones sustantivas como salud, educación e inversión, una vez cubiertos los gastos obligatorios, se redujo, mientras que el gasto en pensiones alcanzó su nivel más alto en el periodo 2016–2026.
Entre enero y marzo de 2026, el gasto en pensiones, excluyendo las no contributivas, ascendió a 424 mil millones de pesos, con un crecimiento real de 6.1%. Junto con el gasto federalizado y el costo financiero de la deuda, estos rubros concentraron 61.1% del gasto neto total, dejando solo 38.9% disponible para funciones sustantivas.
En pocas palabras, las finanzas públicas de México enfrentan un panorama de alta presión y restricciones, derivado del elevado déficit fiscal, un crecimiento económico bajo y una carga significativa por el pago de la deuda pública.
A MANERA DE COLOFÓN
¿Y cómo pinta la economía de Chiapas este 2026? Derivado de su magro crecimiento económico, una tasa alta de inflación (5.5% anual al mes de abril), la reducción del poder adquisitivo, así como una inversión extranjera directa calificada como “muy baja”, el estado sigue siendo altamente dependiente de los sectores primario y de servicios.
A todo lo cual, cabe añadir la ominosa informalidad laboral, que coloca a centenas de miles de chiapanecos fuera de la seguridad social y los esquemas de pensiones laborales.
De no ser por el sector turismo y de servicios la situación sería crítica, más aún si se considera el rezago estructural que arrastra Chiapas desde el siglo pasado en temas como educación y salud.
En relación con el PIB nacional de 2024, Chiapas sólo aportó el 1.6% del total nacional y el año pasado (2025) registró la tercera tasa de informalidad laboral más alta a nivel nacional, con 74.9%. De ese tamaño es la economía del estado.
¿Qué sigue a México para finales del 2026?
El año en marcha depara para el país un cierre del periodo de ajuste estructural emprendido por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el cual se prevé un crecimiento económico moderado, caracterizado por una desaceleración tras el enfriamiento observado en el primer trimestre del año, con un crecimiento esperado del PIB entre 1.1% y 1.8% anual.
Hacia finales de 2026 la incertidumbre sobre la revisión del tratado con EE. UU. y Canadá será un factor determinante, esperándose que las nuevas reglas impacten la inversión extranjera directa y el sector exportador.
En cuanto a la inflación no desaparecerán las señalas de presión (4.59% hasta marzo), lo que contraerá el poder adquisitivo de los hogares y aumentará los costos de producción.
En cuanto a las Finanzas Públicas y Política Fiscal, ya veremos si se cumplen las metas de reducir el déficit fiscal, con una meta de superávit primario del 1% y un déficit generalizado del 3.5%, buscando un gasto público más eficiente.
