Manuel Ruiseñor Liévano
En este país y en este estado de la república, particularmente, estarán ustedes de acuerdo conmigo que toda temporada y especialmente la de vacaciones, lo primero que salta a la mente de las personas es el tema de la seguridad en las vías de comunicación, más allá de las condiciones del transporte a utilizar o de los recursos de que se disponen. Un tema que hoy abordamos en este espacio, justo cuando se han dado a conocer reportes preliminares de protección civil al concluir la llamada Semana Santa o Semana Mayor, un periodo de asueto que casi ningún mexicano se pierde de aprovechar cada 365 días, y que para la población en edad escolar —hablamos de millones de niñas, niños y jóvenes—, aún reserva siete días más de merecido descanso y disfrute.
Haremos referencia sucinta de datos y factores a considerar, en razón de que durante este periodo vacacional se elevan notablemente los riesgos de accidentes por causa del incremento del aforo vehicular en carreteras y caminos (entre un 15 y 25%); pero por igual, se encienden las alarmas en el tema de seguridad y vigilancia, por las consabidas y reprochables acciones de la delincuencia organizada. Tema este último sobre el cual pondremos mayor énfasis. Vayamos, pues, con las ponderaciones.
LAS CARRETERAS DE MÉXICO
A no dudarlo, viajar en México por carretera se ha convertido —para el infortunio social—, en un ejercicio de riesgos calculados que ningún ciudadano debería tener que realizar, pero que es menester cumplir si se desea preservar el bienestar de la familia. Y no estamos hablando en este espacio de percepciones o sucesos aislados. No.
Nos referimos a datos duros, provenientes de cifras que los propios organismos oficiales publican, pero que rara vez se convierten en políticas de seguridad efectivas y sostenidas.
Inocultable es la inseguridad carretera en el país, como producto de una crisis estructural que avanza más rápido de lo que tardan en llegar las respuestas institucionales diseñadas para contenerla.
Hablamos de víctimas de carne y hueso, de cadenas logísticas fracturadas y también de corredores económicos y turísticos, que siguen siendo rehenes de la delincuencia organizada.
Los indicadores al corte del primer trimestre de 2026 son elocuentes y preocupantes. Además, entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 5 mil 200 robos a transportistas, un promedio de 21 delitos por día en las carreteras federales.
Las llamadas de emergencia al 088 de la Guardia Nacional se dispararon 233% entre 2022 y 2023, al pasar de 24 mil a casi 58 mil reportes anuales.
Sin embargo, el dato más inquietante es que en el 71% de los robos registrados durante 2025, los grupos delictivos utilizaron dispositivos inhibidores de señal GPS, los cuales neutralizan por completo los sistemas de rastreo de las unidades de carga o de los autobuses de pasajeros.
Lo cual nos dice claramente que se trata de delincuencia organizada con capacidad tecnológica, logística y operativa que supera, en varios aspectos críticos, a las instituciones encargadas de enfrentarlo. Como señalan diversos analistas, sucede que mientras el Estado invierte en bachear carreteras, el crimen invierte en tecnología para dominarlas.
En ese aspecto, el territorio más crítico sigue siendo el corredor centro del país. En especial el binomio Estado de México–Puebla, que concentra el 45% de los robos a transportistas a nivel nacional, una cifra que por sí sola debería ser suficiente para declarar emergencia operativa en esa zona.
Así también, la autopista México–Querétaro encabeza la lista con el 22% de los casos registrados, mientras que el corredor México–Puebla acumula el 19%.
El norte del país tampoco escapa al diagnóstico, dado a que la autopista Urracas–Matamoros–Reynosa, en Tamaulipas, opera bajo control territorial de organizaciones criminales que utilizan las vías de acceso fronterizo como plataforma permanente de extorsión y secuestro.
A su vez, la carretera Matehuala–Monterrey, eje vertebral entre el Altiplano y el noreste industrial del país, enfrenta robos frecuentes dada geografía accidentada y la escasa presencia institucional, factores que generan condiciones ideales para la operación delictiva.
¿QUÉ PASA EN LAS CARRETERAS DE CHIAPAS?
La seguridad en las carreteras de Chiapas es igualmente un tema complejo que se expresa en dos frentes principales: la incidencia delictiva (asaltos y retenes) y la seguridad vial (accidentes y el mal estado físico de las vías).
Y aunque es del conocimiento público que las autoridades reportan una mejora en la vigilancia, aún persisten riesgos significativos en rutas específicas. Sobre todo, Ocozocoautla – Arriaga y Ocozocoautla – Las Choapas; carretera libre de Arriaga a Tapachula; San Cristóbal de Las Casas – Palenque; Comitán – Motozintla, siendo zonas de mayor cuidado las áreas cercanas a Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, al estar identificadas como puntos con mayor percepción de inseguridad y violencia, de acuerdo con las cifras del INEGI.
Aun la acción de las fuerzas de seguridad en carreteras y caminos, a la fecha se siguen reportando retenes de civiles armados que interceptan vehículos y bloqueos sociales que exigen cuotas de paso, comunes en la ruta de Palenque hacia las Cascadas de Agua Azul o en la autopista a San Cristóbal.
Si bien es cierto que, con corte a este 2026, Chiapas es de los estados más seguros del país y no tiene en su territorio las ciudades más peligrosas de la nación, fortalecer una palanca del desarrollo como es el turismo implica en todo momento seguridad y más seguridad en carreteras y caminos.
Buena noticia es que la Semana Santa Mayor terminó con saldo blanco, según lo dio a conocer la Secretaría de Protección Civil del Estado.
A MANERA DE COLOFÓN
A nivel nacional, la respuesta institucional aún sigue predominantemente reactiva e insuficiente en su aspecto estratégico. Se apuesta mucho a programas como El MegaBachetón 2026, que representa una inversión de 50 mil millones de pesos en mantenimiento físico de la red carretera; programa necesario y bienvenido. No obstante, la seguridad carretera no es un problema exclusivo de infraestructura de comunicaciones.
Es más bien un problema de soberanía territorial, porque cada tramo donde el Estado no se capaz de garantizar el libre tránsito, será un tramo donde alguien más cobrará peaje, impondrá condiciones y definirá quién circula, cuándo y a qué precio.
Y más aún en una realidad nos dicta que en México se movilizan anualmente 75 millones de personas por sus carreteras federales y sostiene sobre esas mismas vías buena parte de su actividad económica, comercial y turística.
Este país merece algo más que baches tapados y cifras publicadas con regularidad pero sin consecuencias. México merece una estrategia de seguridad carretera a la altura de la magnitud del problema. Este país y esta entidad federativa se merecen carreteras donde el único riesgo calculable sea el tráfico. ¿O no?
