Edgar Hernández Ramírez
Si se personaliza la corrosión del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la decadencia deja de ser un concepto abstracto y adquiere rostro, nombre y apellido. No hay metáfora más precisa: el sistema que hoy agoniza en Tuxtla Gutiérrez es el resultado de una cadena de decisiones –y omisiones– encarnadas en quienes lo dirigieron y en los alcaldes que lo utilizaron.
La historia no empieza en una fuga ni termina en un tandeo. Se remonta a una lógica política que convirtió al SMAPA en territorio de reparto. Bajo distintas administraciones municipales, el organismo fue perdiendo su vocación técnica para convertirse en instrumento de financiamiento informal del poder. La degradación fue paulatina, pero constante: nóminas infladas, contratos opacos, mantenimiento diferido y una administración pensada más en la coyuntura electoral que en la sostenibilidad hídrica.
Durante el gobierno de Samuel Toledo Córdova Toledo, la crisis alcanzó su punto de quiebre. La deuda acumulada y el colapso operativo sirvieron de argumento para impulsar la concesión del sistema a privados. Aquella intentona de 2013 no surgió de la nada: fue la consecuencia de años de saqueo institucionalizado. Según registros de la época, el organismo arrastraba una deuda cercana a los 880 millones de pesos y una estructura laboral sobredimensionada que consumía la mayor parte de sus ingresos.
Hay que recordar que durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero se impulsó el ambicioso programa “Agua para Todos”, cuyo emblema fue la planta potabilizadora conocida como “Ciudad del Agua”, inaugurada en 2007 en Tuxtla con la presencia del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. La promesa era garantizar el abasto continuo para la capital chiapaneca. Sin embargo, pese al fuerte endeudamiento para financiarla, la obra nunca logró cumplir ese objetivo de manera sostenida.
Pero si hay un nombre que ilustra con crudeza el deterioro interno del SMAPA es el de Jovani Salazar Ruiz, director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado y suspirante a la alcaldía de Tuxtla. Su paso por la dirección en 2015 ocurrió en uno de los momentos más críticos del organismo, sin que lograra revertir la inercia de descomposición. Por el contrario, su gestión quedó marcada por señalamientos que, con el tiempo, se convirtieron en símbolo de las prácticas que han corroído al sistema.
De acuerdo con denuncias difundidas en medios y replicadas en espacios informativos, durante su administración se detectó la existencia de cientos de “aviadores” en la nómina del SMAPA generando un desvío millonario de recursos públicos. Las cifras hablan por sí solas: hasta 900 registros irregulares y pagos que drenaban recursos que debieron destinarse a infraestructura y mantenimiento. El agua que no llegó a las colonias terminó, literalmente, en otras manos.
A ello se suman versiones sobre un enriquecimiento acelerado, con propiedades y negocios que –según testimonios de trabajadores y reportes periodísticos– no correspondían con los ingresos previos al cargo. Más allá de la veracidad judicial de estas acusaciones, lo relevante es que nunca fueron esclarecidas de fondo. Como tantas otras en la historia del SMAPA, quedaron suspendidas en una zona gris donde la sospecha convive con la impunidad.
El caso de Salazar no es una excepción, sino un eslabón más en una cadena más amplia. En redes sociales y espacios de discusión pública, su nombre aparece junto al de otros actores políticos locales señalados por su responsabilidad en la falta de mantenimiento y la crisis del sistema. La narrativa se repite: funcionarios que conocen las entrañas del organismo, que administran su deterioro y que, sin embargo, continúan vigentes en la vida política.
Esa es, quizá, la clave más preocupante del problema. El SMAPA no sólo ha sido saqueado; ha sido también reciclado políticamente. Sus directores van y vienen, algunos regresan, otros escalan posiciones, pero el sistema permanece atrapado en la misma lógica. No hay compromiso con la ley, no hay rendición de cuentas efectiva, no hay consecuencias.
Mientras tanto, la ciudad se seca de manera intermitente. Las fugas visibles –esas que rompen el pavimento– son apenas la superficie de otras más profundas: las fugas de dinero, de responsabilidad y de ética pública. Cada litro que se pierde en la red es también un recordatorio de lo que se ha perdido en la administración del sistema.
Y sin embargo, a pesar de las denuncias, de las evidencias acumuladas y de los señalamientos reiterados, no hay detenciones de alto impacto. No hay procesos judiciales que hayan alcanzado a los nombres más visibles de esta historia. Muchos de los involucrados no sólo permanecen en libertad, sino que siguen activos en la política local, como si la crisis del agua fuera un accidente y no el resultado de decisiones concretas.
Esa normalización de la impunidad es, en última instancia, el verdadero problema. Porque mientras no se rompa ese ciclo –mientras el costo de destruir una institución pública sea nulo– cualquier intento de rescatar el SMAPA será apenas un paliativo. Los tuxtlecos ya no quieren diagnósticos ni reparto de culpas. Exigen justicia.
